¿Cuál es el futuro del proyecto Tía María en Arequipa?

El viernes pasado el congresista Guillermo Bermejo, de Perú Libre, en una reunión con líderes del movimiento antiminero en la provincia de Islay, Arequipa, aseguró que el proyecto Tía María “no va”. Bermejo –según él– habló en nombre del partido de gobierno y añadió que los agricultores “no se deben dejar sorprender” y que el presidente “ya lo dijo en campaña” y “lo volvió a decir después del triunfo electoral: Tía María no va ni irá jamás”. Un congresista oficialista agitando contra las decisiones de un Estado que ahora debe conducir la administración Castillo.

Las declaraciones de Bermejo contradicen la posición del actual ministro de Energía y Minas, Iván Merino, quien declaró semanas atrás a una agencia extranjera que el proyecto minero en referencia puede desarrollarse solo si Southern Perú –la empresa concesionaria– logra resolver el problema de la denominada “licencia social”. No obstante, todo indica que en el gobierno de Castillo no se desligará de los radicalismos ideológicos. Las declaraciones de Bermejo en el valle de Tambo nos revelan que la administración Castillo ha llegado al Estado para quebrar los contratos y concesiones que se han otorgado al amparo de la Constitución y las leyes nacionales.

Asimismo, las palabras de Bermejo también nos indican que la guerra desatada desde Perú Libre y todas las corrientes comunistas y colectivistas en contra del capitalismo continuará y quizá se radicalizará. ¿Por qué? Para detener el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza las corrientes colectivistas y el radicalismo antiminero necesitan bloquear las inversiones en minería por su importancia en las exportaciones, el PBI, la generación de empleo y el proceso de reducción de pobreza. 

De esta manera se fomenta la demonización de las compañías mineras, en vez de plantear una alianza entre las poblaciones y las empresas para denunciar el fracaso del Estado y exigir que se redistribuya adecuadamente la renta minera recaudada a través de los impuestos que pagan las compañías. El comunismo necesita de pobres para eternizarse en el poder, y todo indica que ese es el norte del gobierno de Perú Libre.

Desde aquí lanzamos la propuesta que si en el gobierno de Castillo se abandonan las anteojeras ideológicas y se canaliza constructivamente la influencia de este partido en los sectores radicalizados en las áreas mineras, entonces se podría gestar una alianza entre el Estado, la población y las empresas mineras; una alianza que relanzaría las inversiones mineras en el país. Si la administración Castillo se decidiera por esta opción volverían los ciclos de inversión, crecimiento y reducción de pobreza. El principal ganador: el propio Castillo. Sin embargo, todo indica que el Ejecutivo avanzará en sentido contrario.

Al radicalismo antiminero, a los comunismos y a los colectivismos no les interesa que la minería comience a convertirse en la gallina de los huevos de oro de las posibilidades nacionales. En días previos, desde la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP) se anunció que en el 2021 las empresas mineras pagarán más de S/ 12,000 millones por impuesto a la renta, impuesto y gravamen especial, y regalías. Los montos superarán en 200% a los desembolsos al fisco en el 2020, y en 150% a los del 2019. ¿Si se hubiese materializado las inversiones de cerca de US$ 10,000 millones –ahora paralizados– en Conga, Tía María y otros proyectos, ¿cuánto más habría recibido el fisco nacional? No lo sabemos.