En medio de las campañas de desinformación que s...
La idea de adelantar las elecciones faltando semanas y días para que se venza el plazo que tiene el jefe de Estado para convocar a elecciones nacionales –de acuerdo a la Constitución y la ley– antes que una propuesta democrática es una simple estrategia de poder de algunos sectores del país. Según nuestro ordenamiento constitucional y legal, la presidente Dina Boluarte tiene hasta el 12 de abril –es decir, un año antes de los comicios– para convocar al sufragio nacional que posibilitará elegir un nuevo jefe de Estado, dos vicepresidentes, diputados, senadores y a los miembros del Parlamento Andino.
El avance a la bicameralidad ha creado una elección compleja y diversa, es evidente. Sin embargo, lo que convierte a los próximos comicios nacionales en grandes interrogantes e incertidumbres son las reformas electorales promovidas por el progresismo, sobre todo la disminución de la valla de firmas para admitir partidos, lo que ha disparado la multiplicación de candidatos presidenciales. Se habla entre 30 y 50 postulantes. En este momento cualquier encuesta o estudio sobre preferencias electorales carece de valor porque muy pocos saben por quién votar. Lo demás puede formar parte de las estrategias de posicionamiento de determinadas alternativas.
Sin embargo, un dato presente en la realidad, según nuestro punto de vista, es que las izquierdas tienen muy pocas posibilidades de jugar un rol protagónico en los próximos comicios por los efectos devastadores del gobierno de Pedro Castillo: la gente, más allá de lo acertado o no del criterio, identifica el inicio del declive del país con el gobierno de Perú Libre. Y si a esto le agregamos que los principales candidatos del progresismo están inhabilitados por el Congreso, no hay nada que nos indique un papel descollante de las izquierdas, a menos que surja un outsider que se identifique con este sector.
Las escasas posibilidades de las izquierdas explican el plan de utilizar la legítima irritación de la ciudadanía, por la incapacidad del Ejecutivo para enfrentar la ola criminal, con el objeto de adelantar las elecciones y controlar el proceso electoral. La idea de un “merinazo”, haciendo alusión al golpe de masas que derribó al gobierno constitucional de Manuel Merino e impuso un gobierno provisional de minorías, parece ser parte de ese libreto. En ese sentido, es incuestionable que la izquierda intentará convertir a la calle en un factor político central de la próxima campaña electoral.
Por todas estas consideraciones, se hace necesario que la presidente Boluarte anuncie la convocatoria de elecciones con la mayor prontitud posible porque, en el acto, creará un nuevo momento político en el que las estratagemas de minorías para jaquear a las instituciones democráticas no tendrán ninguna viabilidad. Sin embargo, vale señalar que desde el golpe fallido de Castillo la idea de la calle como factor político determinante se ha alejado de la sociedad y las provincias en general. En el sur, por ejemplo, las familias empobrecidas por la quiebra de las redes del turismo identifican el declive económico con la violencia luego del señalado golpe.
Semejante escenario de ninguna manera significa que el Ejecutivo abandone sus responsabilidades en el desarrollo de una política de Estado que contenga la ola criminal en el país. Es urgente que el gobierno retome la iniciativa en estos temas y presente resultados a la sociedad. De lo contrario, la inestabilidad política estará en la agenda nacional.
La convocatoria de las elecciones nacionales focalizará la atención en los candidatos y propuestas presidenciales, oxigenando la presión política sobre el Ejecutivo y otras entidades. Por otro lado, la convocatoria de los sufragios nacionales le recordará a los peruanos que estamos saliendo de la peor decisión que puede tomar una sociedad: elegir al peor. Superar el trauma nacional que implica la elección de Castillo y la irresponsabilidad de todas las izquierdas que lo encumbraron en el poder será un enorme logro democrático para nuestra sociedad.
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