Contrarreforma en el Congreso

Proyecto populista pretende liquidar reforma que impulsa crecimiento de la agroindustria.

Una de las principales reformas que han permitido el despegue económico del país y la irrupción de la nueva industria agroexportadora peruana, la Ley de Promoción del Agro (DL 27360), pretende ser derogada en el Congreso a partir de una iniciativa populista presentada por el legislador Virgilio Acuña, del partido Alianza Para el Progreso (APP). Semejante despropósito legislativo fue presentado en medio de la batahola desatada en las calles por los grupos opositores a la frustrada legislación laboral juvenil (Ley Pulpín).

Acuña pretende incluir a los trabajadores agrarios en el régimen laboral que obliga a las empresas a asumir los costos laborales más altos de Latinoamérica y uno de los más altos del mundo, con lo cual muchos productores agrarios serían obligados a pasarse a la informalidad y sus trabajadores perderían los beneficios que hoy tienen.

Semejante despropósito, en caso de consumarse, ahondaría el ya grave problema de la informalidad en el Perú (80% de la PEA es hoy informal) y  regresaría a la pobreza a miles de agricultores jornaleros que hoy tienen un ingreso para su hogar, seguro social, vacaciones, jornada de 8 horas, fondo de pensiones, derecho a sobretiempo, entre otros beneficios.

El proyecto Acuña también pretende eliminar los incentivos tributarios al sector en un momento en que éste enfrenta una caída de los precios de sus productos y una menor demanda como consecuencia de la crisis económica en Europa y la desaceleración en China. El 2011, nuestras agroexportaciones alcanzaron la cifra récord de US$ 1,679 millones, pero el 2013 cayeron a US$ 777 millones, menos de la mitad. Como se puede ver, aprobar ese proyecto ahora sería un golpe mortal a la agroindustria.

La cercanía de la próxima campaña electoral presidencial y parlamentaria parece haber desatado una voracidad populista entre quienes pretenden reelegirse en el Parlamento sin medir el daño que le causaría al Perú la aprobación de la iniciativa que comentamos. Si el proyecto Acuña prosperara podríamos asistir luego a un desborde populista que pondría en serio peligro toda la legislación que sostiene el modelo económico que ha generado abundante empleo y reducido la pobreza de 57% a 23%.

Para valorar debidamente la importancia de la norma amenaza es necesario ver algunas cifras divulgadas por la Sociedad de Comercio Exterior (Comex): En el 2013 el sector agropecuario representaba el 5% del PBI, pero empleaba al 30% de la población económicamente activa (PEA). Según la Encuesta Nacional de Hogares del INEI (ENAHO), entre los años 2009 y 2013 el sector generó 23,345 nuevos puestos de trabajo y el ingreso promedio mensual del trabajador creció un 56%, al pasar de S/. 268 a S/. 417.

Además, según la misma fuente, la incidencia de la pobreza en los trabajadores agrarios se redujo en 5.6% (de 38.3% el 2009 al 32.7% el 2013) y la pobreza extrema en 11.3% (de 24.6% a 13.3%). Asimismo, 8,554 trabajadores se afiliaron al sistema de pensiones.

Desde que entró en vigencia la Ley, hasta el 2013, el valor bruto de la producción agropecuaria del Perú se incrementó un 66%, y del 2000 al 2014 las agroexportaciones no tradicionales se incrementaron en 935%, 11 veces más que lo alcanzado el 2000.

El proyecto Acuña pretende liquidar todos estos logros con argumentos falaces como aquel que sostiene que la norma “discrimina a los trabajadores” agrarios y “permite que los empresarios vulneren sus derechos”. Nada más falso. La ley formalizó a miles trabajadores agrarios que no tenían ningún derecho laboral, otorgándoles beneficios factibles de ser cubiertos por los empleadores.

Los trabajadores agrarios no perciben su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones igual que los otros trabajadores porque su jornal diario incluye esos beneficios debido al carácter estacional del trabajo que realizan. Es falso entonces que haya discriminación.

24 - Feb - 2015