Consensos sobre el nuevo estado

La ley Servir y el fracaso del estatismo

Durante las últimas horas del año pasado, el Gobierno anunció que 20 entidades del estado habían avanzado lo suficiente en sus procesos administrativos internos para migrar al régimen laboral del Servicio Civil. Entre ellas destacan los sectores de Economía, Justicia, Producción, Energía y Minas, Defensa; entidades como el Servicio Nacional para la Certificación de las Inversiones Sostenibles (Senace), la Autoridad del Servicio Civil (Servir), el Seguro Integral de Salud (SIS), entre otras.

Semejante noticia, a nuestro entender, es un logro sin precedentes en la voluntad de organizar un nuevo sistema estatal basado en la calificación y los méritos del funcionario público, en la necesidad de desarrollar una burocracia moderna sin la cual el mercado y la propia idea de la libertad económica son imposibles. Recordemos que la llamada ley Servir busca que la meritocracia sea el eje de la acción estatal.

Vale subrayar que uno de los consensos a los que los peruanos se aproximan es que el último cuarto de siglo, caracterizado por un impresionante crecimiento económico y reducción de pobreza, ha tenido en la ausencia de un estado moderno, en la falta de una burocracia eficiente, a los peores enemigos del progreso.

Al margen de las diferencias sobre la importancia de la caída de los precios de los commodities, hoy la mayoría de los enfoques señala que la desaceleración económica y la falta de diversificación económica tienen mucho que ver con la presencia de un estado del siglo pasado, con una burocracia que prefiere crear infinitas aduanas y peajes antes que favorecer las inversiones y las iniciativas de la sociedad, con el impresionante déficit de infraestructuras, con la debilidad institucional, y con los retrasos en las reformas educativas y de salud.

Si la burocracia indolente y la falta de autoridad no hubiesen abonado a  paralizar US$ 21,000 millones en inversiones mineras todos aceptan que nuestro crecimiento habría superado largamente las anémicas expansiones del 2014 y el 2015 y miles de peruanos más habrían abandonado la pobreza. Si el estado no hubiese acumulado un déficit de US$ 160,000 millones en infraestructuras, la economía se habría diversificado y complejizado mucho más de lo logrado en la actualidad.

Existe pues una clara confluencia en reconocer el fracaso del estado. Reconocer la realidad y elaborar consensos alrededor de ella es hacer patria. Pero esa misma realidad también nos indica que no podemos viajar al pasado, ni menos ocultar el fracaso de los estatismos y dirigismos en Venezuela, Brasil y Argentina.

De allí que reconocer el fracaso del estado también implica señalar que las cosas que han funcionado en el Perú tienen que ver con el mercado y la inversión privada, motores del crecimiento y la reducción de pobreza. De allí también que los “diversificólogos” que han surgido en los últimos tiempos deban reconocer que sería imposible diversificar la economía al margen del libre comercio. Los países del Mercosur, enemistados con el libre comercio, hoy se sumen en la recesión, aumentan pobreza, y causan tremenda vergüenza a América Latina no obstante el buen desempeño de la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Chile y Perú).

La voluntad de reformar el Servicio Civil entonces debería formar parte de una amplia convergencia sobre cómo organizar el nuevo estado que requiere el Perú moderno y democrático del siglo XXI. Gracias a Dios que esas aproximaciones se distancian ahora de los estatismos que fracasaron con el Velascato en el Perú y que se desploman con las recesiones en el Mercosur. De alguna manera solo la izquierda más ideologizada, más inclinada  a la secta, parece insistir que no se trata del derrumbe del estado, sino del fracaso de la inversión privada y la libertad económica. Es hora de avanzar en los consensos.