Conga y los empresarios locales

Es hora de derribar las mentira de la izquierda y el radicalismo antiminero

Un nuevo conflicto social se avecina en Cajamarca alrededor del paralizado proyecto minero Conga (con una inversión de S/. 4,500 millones), en concesión de la empresa Yanacocha. Hace algunos días, la ONG Grufides, cuyo dueño es el ex cura y ahora congresista Marco Arana, institución dedicada tenazmente a la lucha contra el proyecto minero Conga, publicó en redes sociales la airada protesta de la comunidad campesina de Quishuar. Según Grufides, el tajo Quinua Sur del proyecto minero afecta el medio ambiente y atenta contra la propiedad de la comunidad campesina. No obstante, todo indica que Grufides vuelve a mentir, ya que empresarios locales estarían detrás del inicio de este nuevo conflicto y el motivo no sería, como miente la ONG de Marco Arana, el daño o atentado hacia la propiedad de la comunidad. Veamos por qué.

Es sabido que el objetivo de Grufides y sus líderes es liquidar la minería moderna en Cajamarca, a cualquier costo. De allí que inventan y despliegan narrativas potentes, como cuando construyeron el mito de Máxima Acuña de Chaupe. Ahora se trata de que nuevamente la “todopoderosa” empresa minera atenta contra el medio ambiente y la comunidad en Quishuar. Sin embargo, todo indica que la historia no es esa. Detrás de estos nuevos actos de protesta y violencia estarían algunas personas, entre ellas los propietarios de una empresa proveedora local denominada Quishuar MyC. Vale recordar que el 26 de julio pasado, cincuenta personas relacionadas con la empresa en mención bloquearon la carretera que se dirige a Río Grande, propiedad de la empresa, perjudicando el trabajo de Yanacocha.

¿Por qué los propietarios de esta empresa —Quishuar MyC— estarían organizando actos violentos contra Yanacocha? Por una razón sencilla: sus propietarios exigen un contrato a su favor para brindar servicios a la empresa Yanacocha. Incluso existe un acta de constatación de los hechos violentos, realizada por la Fiscalía de Prevención del Delito de Cajamarca. En el acta los mismos invasores indicaron que buscaban brindar servicios a Yanacocha porque, según ellos, era un compromiso de Yanacocha y no lo está cumpliendo. Además indicaban que la empresa minera prefiere los servicios de otras empresas contratistas. Una extracto de la constatación fiscal realizada el 5 de agosto confirma esto: “(…) por su parte, Mercedes Castrejón Castrejón reafirma la versión de los demás comuneros y los socios de la empresa Quishuar, de que se le da trabajo a gente lejana y no a ellos, que son de la zona”. Estamos ante un claro acto de chantaje y de presión ante Yanacocha.

Pero vale resaltar lo siguiente: Quishuar MyC es una empresa de comunidad que cuenta con 152 socios. Desde el año 2014 hasta julio de 2016, Quishuar MyC facturó más de ¡S/. 5.5 millones! brindando servicios a Yanacocha. Además, esta empresa tiene aún pendiente un cobro de más de US$ 220,000 por los servicios ejecutados. Todo ello refleja la inconsistencia de las versiones que pretenden dar a entender que Yanacocha no habría brindado oportunidades a Quishuar MyC.

Este nuevo conflicto alrededor del proyecto Conga tiene las mismas características de los actos violentos producidos en Las Bambas, en Apurímac. Allí, empresario locales y proveedores de hospedaje y transportes organizaron un conflictos con terribles consecuencias. El movimiento antiminero de izquierda aprovechó el conflicto para afirmar que la causa directa fue el incumplimiento de los compromisos de MMG, la empresa concesionaria de Las Bambas, y también una posible afectación ambiental por la construcción de un mineroducto.

Hoy, el movimiento radical antiminero aplica el mismo “software” en Conga. De allí que la ONG Grufides se atreve a indicar que habría un presunto abuso de Yanacocha. ¡Tremenda falsedad!. La izquierda y el radicalismo antiminero han construido mentiras potentes y es hora de derribarlas una a una.