¿Cómo va el radicalismo en el interior?

Sobre la nueva ofensiva que preparan radicales anti-inversión

Las fuerzas opositoras al desarrollo del país siguen activas. En las últimas semanas se observan movimientos contra proyectos mineros o a favor del regreso del estatismo -que hundió en la pobreza a más del 60% de peruanos- vía Petroperú. El extremismo busca apagar definitivamente los motores antipobreza que todavía le quedan al país para predicar sus propuestas contra la libertad económica.

Apoyado por la congresista izquierdista Verónika Mendoza, ex nacionalista y posible candidata a la presidencia, se presentó en el Congreso Iván Flores, alcalde de Puno y presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe), para rechazar el anteproyecto del presupuesto público del año 2016. En palabras del burgomaestre puneño, el próximo presupuesto 2016  re-centralizará los recursos y recortará el canon minero a las municipalidades, dejándolas sin capacidad de gasto. Flores, vocero de Remurpe, adelantó que diversos alcaldes están organizando una movilización el día 13 de octubre para exigir al gobierno la modificación inmediata del anteproyecto y que re-estructure la composición del presupuesto. Es decir, la izquierda paraliza las inversiones mineras, pero exige que el canon siga igual. Una clara demostración que el objetivo es solo agitar.

Semanas atrás, desde Celendín, el alcalde  antiminero, Jorge Urquía,  vicepresidente de la misma institución (Remurpe), alertaba sobre movilizaciones por el recorte del canon minero. Si recordamos el papel de Urquía en las protestas contra el proyecto Conga, advertiremos que su posición busca culpar al estado por el recorte del canon minero ignorando la caída de precios y el bloqueo de las inversiones mineras.

Sin embargo es bueno señalar que el relato anti Conga viene perdiendo fuerza. La construcción de grandes reservorios (Challhuagón, San José), y 350 reservorios multifamiliares y canales de riego están restituyendo la confianza de la población.    

En Loreto, las fuerzas pro estatistas del Frente Patriótico y autoridades regionales presionaron para que el Congreso autorice que Petroperú el Lote 192. La titular de Energía, Rosa María Ortiz, señaló que la ley es inconstitucional y que afecta el contrato con la empresa Pacific Stratus Energy, operadora temporal del yacimiento petrolero. Logrado el objetivo, las fuerzas pro estatistas se están agrupando y organizando protestas exigiendo que Petroperú asuma desde ahora el control del yacimiento.

De otro lado, la Federación de Comunidades del río Corrientes (Feconaco) y del río Tigre también en Loreto reclaman un lugar más importante en las negociaciones con Pacific Stratus Energy. Días atrás un grupo ha tomado el aeródromo de Andoas y otro el Lote 8 operado por la empresa Pluspetrol. Aún se encuentran en diálogo con funcionarios del ministerio de Energía.  

En el sur del Perú, en la provincia de Islay, la izquierda anuncia un paro de 72 horas contra el proyecto Tía María. El paro coincide con la Convención Minera que se realizará en Arequipa a fines de setiembre. El motivo de la nueva ola de protestas es el rechazo al plan de socialización que la empresa Southern ejecuta en el valle del Tambo. Sin embargo resulta sorprendente la actitud de las autoridades  regionales y locales que tiran la toalla frente a la acción antiminera. Por ejemplo, la gobernadora Yamila Osorio culpa a Southern por el nuevo paro alegando que el plan de socialización es “inoportuno”. Por su parte Alfredo Zegarra, alcalde provincial de Arequipa, insiste en que la empresa Cerro Verde otorgue S/. 500 millones para la ejecución de obras en la provincia.

El panorama económico del país no es el mejor. El radicalismo estatista, por un lado, pretende atar las fuerzas productivas, el mercado y la libertad; por el otro, el estado y las autoridades locales se abstienen y no retoman el liderazgo que les corresponde. Esperemos suceda un milagro.