¡Cómo se despoja de su casa a una profesora!

La historia sobre cómo se desalojó de su casa a la profesora Rosa Balmaceda —directora del colegio Augusto Salazar Bondy, un colegio nacional mixto en Órganos (Piura)— ilustra el calvario de las miles de familias que tienen posesiones y propiedades en el litoral, por los juicios que enfrentan contra la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). La profesora Balmaceda fue desalojada de su posesión y luego una gavilla de delincuentes desmanteló una construcción de más de 230 metros cuadrados: se llevaron puertas, baños y ventanas. Hoy ella está en el total desamparo.

Como hemos informado reiteradamente en este portal, la SBN reclama la propiedad de los predios en los distritos de Talara, El Alto, Lobitos, Máncora, Punta Sal, Cancas y Zorritos, localidades emplazadas en Piura y Tumbes. Los afectados: ciudades, caletas de pescadores, pobres, empresarios hoteleros y ciudadanos en general. En Piura, por ejemplo, la SBN ha logrado inscribir 345,000 hectáreas a su favor, que en realidad le pertenecen a privados. Sin embargo, la mayoría de los perjudicados posee sus respectivos lotes por más de dos décadas. Pero no solo se trata del litoral norte.

La SBN también litiga en las provincias de Ica, Pisco, Palpa y Nasca, en contra de decenas de familias. La SBN ya ha logrado inscribir más de 228,000 hectáreas a su favor en las jurisdicciones mencionadas. Todos estos litigios y despojos se ejecutan no obstante que la Constitución de 1993 y el Código Civil establecen que la posesión es fuente de la propiedad. Es más, el libro V del Código Civil señala que luego de diez años de posesión procede la prescripción adquisitiva; es decir, se puede acceder a la plena propiedad.

El caso de la profesora Balmaceda es paradigmático e ilustra los miles de abusos que se cometen contra las familias en pueblos y localidades del litoral. Por ejemplo, la mencionada docente tomó posesión de su posesión en un asentamiento humano en el 2001. En el 2005 logró el certificado de posesión del respectivo gobierno local, mientras solicitaba a Bienes Regionales, dependencia regional de la SBN, el correspondiente certificado de posesión. Sin embargo, la SBN —utilizando todas las triquiñuelas legales que la burocracia organizó en los últimos 18 años— le inició un juicio de desalojo. En el 2012 la SBN logró desalojar a Balmaceda de su posesión. Ella retornó a su posesión en el 2013, pero a la noche siguiente de hacerlo, según nos informa, una banda de maleantes la desalojó con la colaboración de policías de otras jurisdicciones. Los efectivos no pertenecían la comisaría de Órganos. Incluso la directora del único colegio estatal de Órganos fue detenida por unas horas. Nueve meses después de ese abuso, la casa construida a lo largo de años de esfuerzo y ahorro fue desmantelada: los delincuentes se llevaron las puertas, baños y ventanas.  

Si algo sí le sucede a la directora de un  colegio del Estado, ¿qué estará pasando con las familias más humildes que no tienen posibilidades de defenderse? En este contexto vale preguntarse ¿por qué la SBN se ha convertido en la principal litigante de los juzgados cercanos al litoral del Perú? ¿Qué interés del Estado defiende? Al respecto, se sabe de un extraño mercados de tierras en que los despojados de sus posesiones y propiedades vuelven a adquirirlos.

En cualquier caso, el nuevo ministro de Vivienda, Javier Piqué, no podrá rehuir el tema porque la SBN depende directamente de su portafolio. Es más, durante la gestión de Carlos Bruce en el sector los juicios contra miles de familia se habían detenido. Sin embargo, con el nuevo Gobierno de Vizcarra los burócratas de siempre regresan a las andadas.