Colombia ante el desafío de revertir el legado de Petro

La elección de Abelardo de la Espriella marca un cambio político de gran relevancia para Colombia. El abogado y empresario, que obtuvo 12.9 millones de votos —la cifra más alta en la historia electoral colombiana—y asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, llega al poder después de un gobierno de Gustavo Petro que deja un país profundamente polarizado políticamente y en estancamiento económico y con problemas que el nuevo mandatario deberá enfrentar desde el primer día. Su victoria representa, además, la expresión de una ciudadanía que ha decidido apostar por un rumbo diferente y que espera resultados concretos en materia económica, seguridad y lucha contra el narcotráfico.

El balance de los últimos cuatro años obliga a reconocer que la economía colombiana enfrenta dificultades importantes. El Banco de la República ha advertido sobre el deterioro de las condiciones fiscales, mientras que el Fondo Monetario Internacional ha señalado la necesidad de avanzar en una consolidación fiscal que permita reducir los desequilibrios acumulados. A ello se suma un crecimiento económico insuficiente para generar los niveles de empleo formal que necesita el país. El desafío para la nueva administración será, por tanto, recuperar la confianza de los inversionistas, estimular la actividad privada y garantizar una trayectoria sostenible para las finanzas públicas.

La situación de la seguridad es todavía más preocupante. Colombia continúa enfrentando el avance de organizaciones armadas y redes vinculadas al narcotráfico. De acuerdo con los informes de monitoreo de cultivos ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2024 el país alcanzó un máximo histórico de 261,000 hectáreas de coca sembrada. El dato revela la magnitud de un problema que no puede ser enfrentado únicamente mediante discursos o negociaciones. La expansión de los cultivos ilegales significa también mayor poder económico para las organizaciones criminales, más violencia y una creciente pérdida de control territorial por parte del Estado.

La política de Paz Total impulsada durante el gobierno de Petro deberá ser, por ello, revisada con rigor. Cualquier estrategia de pacificación debe tener como condición indispensable la recuperación de la autoridad del Estado y la protección de los ciudadanos. El diálogo puede ser una herramienta legítima en determinados contextos, pero no puede convertirse en un mecanismo que permita a las organizaciones criminales ampliar sus territorios, fortalecer sus economías ilícitas o utilizar la negociación como una forma de ganar tiempo.

El nuevo gobierno ha anunciado una estrategia de mayor firmeza frente al narcotráfico y los grupos armados, incluyendo el fortalecimiento de la cooperación internacional y de las capacidades de inteligencia. El reto consistirá en convertir estas propuestas en una política de seguridad eficaz y respetuosa del Estado de derecho. La experiencia demuestra que la lucha contra el crimen organizado requiere inteligencia, coordinación institucional, presencia permanente en el territorio y una justicia capaz de sancionar a quienes financian y dirigen las estructuras criminales.

En el terreno económico, De la Espriella ha planteado objetivos ambiciosos, entre ellos alcanzar un crecimiento anual del 7%, realizar un ajuste fiscal de 70 billones de pesos y reducir el tamaño del Estado en una cuarta parte. Se trata de metas que, de concretarse, podrían modificar sustancialmente el rumbo de la economía colombiana, pero que también exigirán una ejecución rigurosa. Reducir el déficit sin afectar los servicios esenciales y, al mismo tiempo, acelerar el crecimiento requerirá una reforma profunda de la gestión pública, eliminación de gastos improductivos y un marco estable para la inversión privada.

El nuevo gobierno enfrentará, además, una oposición política importante. El petrismo conserva una presencia significativa en el Congreso y en las organizaciones sociales, mientras que otros sectores de la izquierda han anunciado una fiscalización activa de la nueva administración. En una democracia, la oposición cumple una función indispensable. Pero también será fundamental que el debate político se mantenga dentro de las instituciones y que las diferencias no se traduzcan en una paralización permanente de las reformas que Colombia necesita.

El desafío de De la Espriella será, en última instancia, demostrar que el cambio político puede traducirse en resultados concretos. La reducción de la pobreza, la creación de empleo formal, la recuperación de la seguridad y el fortalecimiento de las instituciones no se alcanzarán mediante consignas, sino a través de políticas públicas sostenidas y evaluables.

Colombia posee una economía diversificada, importantes recursos naturales, una ubicación estratégica y un enorme potencial empresarial. Pero necesita recuperar la confianza y aprovechar esas ventajas. La nueva administración tiene la oportunidad de iniciar una etapa distinta, basada en la seguridad jurídica, la disciplina fiscal, la inversión y el fortalecimiento del Estado de derecho.

El mandato obtenido por De la Espriella le otorga legitimidad para impulsar cambios, pero también le impone una enorme responsabilidad. La sociedad colombiana espera resultados y no puede permitirse otros cuatro años de estancamiento o confrontación permanente. El nuevo gobierno deberá demostrar que es posible recuperar el crecimiento, enfrentar con eficacia al crimen organizado y reconstruir la confianza en las instituciones. El desafío no es menor, pero tampoco lo es la oportunidad de iniciar una nueva etapa para Colombia.