Claves para la formalización del minero artesanal

Tema central para la administración PPK

Entre los diversos temas planteados por el Ejecutivo para la delegación de facultades está el de la formalización de la minería informal. Considerando que la nueva administración se ha propuesto entregar un país más formalizado para el 2021, ¿alguien en el Ejecutivo está pensando continuar con las políticas implementadas por el nacionalismo, que no formalizaron ni protegieron el medio ambiente? La pregunta es legítima porque en el nuevo Ejecutivo todavía se siente la influencia de ancien régime humalista y también porque, de una u otra manera, el asunto fue una de las principales promesas de Fuerza Popular, mayoría absoluta del Legislativo.

El tema no está para frivolidades. De norte a sur, de este a oeste, en el Perú se desarrolla la minería informal. En Canta y Carabayllo, por poner ejemplos limeños, también prospera esta actividad. Si alguien cree que con represión se abolirá al homo economicus está absolutamente errado.

El problema para quienes defendemos la democracia y la economía de mercado es simple: incorporamos a los mineros artesanales a la economía de mercado y el contrato social o permitimos que las fuerzas antisistema consigan una fuerza poderosa de respaldo social. Así de simple. El humalismo del polo rojo del 2006, por ejemplo, tenía a los mineros informales entre sus principales bases sociales y financistas. Y si consideramos que en el 2006, el 2011 y también en el 2016, de una u otra manera, la mayoría de peruanos tuvo que derrotar a las fuerzas antisistema, el problema se vuelve más urgente.

En una de las últimas entrevistas que concedió, don Alberto Benavides de la Quintana, padre de la minería moderna en el Perú, describió la magnitud del problema social: alrededor de 400,000 mineros informales y más de un millón de personas dependían directa e indirectamente de esta actividad, que genera un movimiento de alrededor de US$ 2,000 millones en ventas de oro y cobre.

Si el Ejecutivo solicita facultades para legislar, y solo maquillar la política nacionalista, estaría creando una verdadera hoguera social que podría traerle más de un dolor de cabeza. Y el Perú no conseguiría la formalización ni la preservación de nuestros ríos y medio ambiente.

Un primer paso para avanzar en una política de formalización dentro de la minería es cambiar el enfoque que demonizaba al minero informal, que lo convertía en un trasgresor de la legalidad que se codea con las economías ilegales. Abandonar ese punto de vista es clave.

Y si observamos las cosas de abajo hacia arriba, en realidad, contemplaremos a campesinos y pobladores que desean participar de la riqueza de la explotación de los minerales. Deseo que se convierte en impotencia ante el fracaso de un Estado que se volvió millonario cobrando impuestos a las empresas mineras durante el pasado boom minero, pero que no construyó carreteras, escuelas y postas médicas.

Ante esa realidad, el campesino tiene dos opciones: cava su propio hueco para extraer mineral o se pliega a la prédica antiminera de Marco Arana y Gregorio Santos. De allí proviene la urgente necesidad de cambiar el punto de vista sobre la naturaleza del minero informal y evitar los yerros de la pasada administración.

Si cambiamos el enfoque todos ganaremos: el Estado, porque recaudará más impuestos (el 24% del oro se vende como contrabando a Bolivia); y el medio ambiente, porque existirá un ejército de mineros artesanales comprometidos con la preservación de nuestros bosques y ríos; y los propios mineros artesanales, que se incorporarán a la economía de mercado.