¡Cien días de destrucción nacional!

En pocos días se cumplirán los primeros cien días del gobierno de Pedro Castillo, y es incuestionable que el balance es devastador. Nunca una administración tuvo un efecto tan destructivo en tan pocas semanas. La impresión general es que el esfuerzo de tres décadas de los peruanos comienza a ser destruido en menos de tres meses de la nueva gestión.

El presidente Castillo y el Ejecutivo –con los anuncios de la asamblea constituyente, de la nacionalización del gas y de la segunda reforma agraria sin agroexportaciones– simplemente han frenado en seco tres décadas de crecimiento y reducción de pobreza. En el 2022 la inversión privada –que representa el 80% del total de lo invertido en el país– podría desplomarse hasta en 20%, y el país tornará a ser uno que aumenta pobreza. 

Todos los anuncios del presidente Castillo a favor de la constituyente y las nacionalizaciones no solo son la causa de la polarización y la crisis política, institucional y económica del país, sino que también colisionan abiertamente con la Constitución, las leyes, los contratos y los tratados internacionales firmados por el Perú. El hecho es tan evidente que las calificadoras de riesgo han reducido la calificación crediticia de la deuda peruana.

El presidente Castillo se ha pronunciado en contra de la Constitución con la que fue electo, y también ha alimentado el discurso de odio y enfrentamiento entre los peruanos. La idea de “un pueblo enfrentado a un no pueblo”, “el concepto de pobres que luchan contra los ricos”, la imagen de “los pueblos originarios en contra de la dominación occidental”, de una u otra manera, son las causas de la violencia política que desatan las minorías radicalizadas en contra de las empresas.

El discurso del odio y del enfrentamiento (léase la lucha de clases) es una condición esencial de cualquier discurso populista que busca quebrar un sistema republicano e instalar una asamblea constituyente en base a mayorías transitorias. En ese sentido, no se puede explicar la violencia en contra de las empresas mineras, agroexportadoras y la inversión en general, sin ese mensaje de odio.

El uso permanente de un sombrero cajamarquino de parte del presidente Castillo es parte de esa estrategia simbólica que pretende enfrentar a los peruanos, sobre todo porque el jefe de Estado nunca utilizó ese sombrero durante los largos años en que ejerció la dirigencia sindical.

La dictadura de las minorías radicalizadas que pretenden tomar el control del país e instalar un nuevo sistema económico y social en contra de las mayorías y el sistema constitucional no ha merecido el rechazo categórico de la presidente del Consejo de Ministro, Mirtha Vásquez. Honrando su larga trayectoria antiminera, la señora Vásquez ha sostenido que la violencia no anula la legitimidad de las demandas.

De esta manera, con apenas cien días de gobierno, la administración Castillo ha detenido bruscamente tres décadas de crecimiento y de reducción de pobreza, mientras el Perú se convierte en una sociedad desbordada por la violencia de las minorías radicalizadas.

La autoridad del Estado democrático republicano, consagrado en la Constitución Política, se hace añicos y el país comienza a parecerse a un Far West. Si bien ya no se trata de los pistoleros convertidos en héroes y antihéroes del lejano oeste, las minorías comunistas, que incendian y destruyen minas y empresas agroexportadoras, pasan a ser los protagonistas al margen de la ley y el orden.

En este contexto vale preguntarse, ¿quién defiende la Constitución y las leyes en el Perú? ¿Quién defiende a la mayoría de peruanos de la ofensiva de las minorías radicalizadas que, a punta de violencia, pretenden imponer la asamblea constituyente?

Es hora, pues, de que las instituciones reaccionen frente a este acelerado proceso de destrucción nacional. La defensa de la Constitución y las libertades lo demanda.