Cajamarca: el desborde de las turbas

Sobre el secuestro y flagelación de un ciudadano por ronderos radicales

Una de las razones que explican el desborde actual de las turbas y la delincuencia es el deterioro de la autoridad, como consecuencia de la renuncia del estado a ejercer el monopolio de la fuerza que le confiere la Constitución y a impedir que aquella facultad sea utilizada impunemente por “sectores privados”. De este vacío se aprovechan los grupos radicales y el hampa para imponerse por la fuerza. Por ejemplo, en Cajamarca, un sector de las Rondas Campesinas se ha convertido en el aparato represor de los grupos anti-inversión privada.

Esos grupos secuestraron el 1 de septiembre último al ciudadano Miguel Rojas Meléndez, en la provincia de San Marcos, en represalia porque la víctima apoya la construcción de la represa sobre el río Grande, que dará electricidad a unos tres millones de personas.

Rojas Meléndez fue secuestrado en la comunidad de Matibamba, donde su familia posee tierras, cuando estaba reunido con otros propietarios. Rojas ha informado que, después de plagiarlo, los radicales convocaron a una asamblea de esa y otras comunidades, en la que dijeron que habían retenido a Rojas porque estaba repartiendo dinero a cambio de apoyo al proyecto de represa. Enardecida por tales mentiras, la turba exigió que sea linchado, pero al final solo lo flagelaron y encerraron.

Al día siguiente, un juez de paz y 20 policías llegaron a Matibamba para liberarlo, pero ante la negativa de los comuneros optaron por retirarse. Una vez más, el estado renunció a hacer respetar la ley y la autoridad.

Rojas fue liberado después de ser obligado a firmar una acta en la que se compromete a no denunciar a los delincuentes y a no apoyar el proyecto Río Grande. Obviamente, después la ha rechazado, por ilegal, y ha denunciado como autores intelectuales del plagio a los dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) de Gregorio Santos.

El uso de la fuerza para imponerse es un recurso clásico de la izquierda totalitaria cuando ejerce poder. Bajo amenaza o chantaje, sus cuadros políticos movilizan con mentiras a las turbas contra quienes se resisten a obedecerles. En Cuba esos grupos se llaman “comités de defensa de la revolución”, en Venezuela “círculos bolivarianos”, en Bolivia “ponchos rojos”, en Islay “espartambos”, en Cajamarca “ronderos”. La estrategia siempre es la misma: enfrentar pueblo contra pueblo.

Sendero Luminoso enrolaba a los campesinos en “bases de apoyo” y los obligaba a masacrar a las comunidades que se le rebelaban. En Cajamarca y en Islay se ataca las casas o negocios de quienes apoyan la inversión privada o rechazan los paros. Contra Sendero, el estado sí reaccionó; en cambio, con los radicales de hoy es débil y permisivo.

Ciertas ONG de izquierda pretenden justificar la violencia en Cajamarca dándole una interpretación arbitraria al Artículo 149° de la Constitución y al Convenio 169 de la OIT que reconoce al derecho de los pueblos originarios a ejercer la justicia consuetudinaria. Éste es inaplicable para Cajamarca, porque allí no hay pueblos originarios, según los parámetros de la OIT, sino comunidades surgidas de las tradiciones occidentales, sobre todo, hispanas.

Y el Artículo 149° de la Constitución dice: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona…”. ¿Se respetó esos derechos al secuestrar y flagelar a Miguel Rojas? ¿Se respetó la ley al desafiar la autoridad de los representantes del estado que fueron a liberarlo?

Hay, sin embargo, una confusión al respecto porque, en el 2004, un vocal supremo promovió y logró que se aprobara una sentencia de la Corte Suprema que les reconoce a las Rondas la facultad de detener personas. El Congreso de la República es el único que puede revocar semejante despropósito, y debería hacerlo ya.