Bellido no puede seguir en la PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, en un tuit que ya forma parte de la galería de casos más curiosos y estrambóticos de nuestra clase política, acaba de señalar lo siguiente: “Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades en favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”. 

Más allá de lo singular de la declaración de Bellido, es necesario preguntarse ¿en qué país cree él que ejerce la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)? ¿Acaso considera que está en Cuba o Venezuela, países en los que el capricho o la voluntad de una persona o de un grupo de dirigentes pueden determinar la nacionalización y la expropiación de una propiedad? ¿Quién le ha dicho al Sr. Bellido que el cargo de la PCM le da derecho a actuar como si fuese un gamonal de tiempos idos?

Con este pronunciamiento Guido Bellido ha violado, de principio a fin, la Constitución y las leyes que organizan el Poder Ejecutivo y la PCM. Por todas estas consideraciones, no debe permanecer un solo segundo más en el cargo; de lo contrario, el sistema republicano habrá comenzado su lenta implosión final. Y el presidente Castillo es el primer llamado a removerlo. Si no lo hace, la crisis que pretende desatar Bellido terminará envolviendo al jefe de Estado, deteriorando su mandato y colocándolo en una situación límite. 

La declaración de Bellido viola todos los mandatos de la Constitución Política de 1993, que establece que los contratos tienen una absoluta protección constitucional y que no pueden ser modificados por ley. Y menos por la voluntad de un político que no ha superado su época de radicalismo universitario. Igualmente, la Constitución establece que cualquier expropiación necesariamente tiene que ser aprobada mediante ley. Es decir, tiene que ser tramitada ante el Congreso.

El señor Bellido, entonces, ha pasado por encima del presidente de la República y del propio Congreso, planteando una demanda a una empresa poseedora de una concesión; y con la directa amenaza de nacionalizar si no se accede a sus solicitudes. Finalmente, vale señalar que el día de hoy el proyecto del gas de Camisea deja el 65% de sus utilidades, entre impuesto y regalías, al Estado peruano.

Si después de esta declaración Bellido permanece en el cargo, será directa responsabilidad del jefe de Estado y del Congreso. Y las declaraciones en el extranjero del presidente Castillo y del ministro Pedro Francke, pretendiendo convocar a la inversión extranjera, solo serán tristes saludos a la bandera en los que nadie creerá.