Antimineros utilizan pandemia para frenar inversiones

Las organizaciones y ese pequeño (pero articulado) sector de peruanos que se oponen a las inversiones mineras en nuestro país no descansan y aprovechan cualquier situación –como esta crisis sanitaria– para continuar desarrollando sus estrategias con la finalidad de liquidar la minería moderna. ¿Qué ha sucedido ahora? Pues bien, resulta que una ONG denominada MiningWatch, con sede en Canadá, ha publicado un pronunciamiento en el que indica lo siguiente: “Hudbay tiene un historial pleno de violaciones a los derechos humanos de las poblaciones locales en sus minas”. ¿A qué viene este pronunciamiento? Aquí les contamos.

Para elaborar este comunicado, la ONG canadiense se valió de un reporte (N° 001-2020-DHSF) realizado por ¡otra ONG! llamada Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), una organización peruana que tiene un largo historial como promotora de argumentos contra las empresas mineras ubicadas en el denominado Corredor vial del sur andino. No obstante, vale indicar que la ONG MiningWatch no es nueva en el Perú, ni muchos menos generando argumentos en contra de Hudbay, concesionaria de la unidad minera Constancia. Es bueno recordar que esta ONG ya tuvo un incidente bochornoso en nuestro país cuando dos de sus integrantes, la periodista Jennifer Moore y el documentalista John Dougherty, intentaron realizar trabajos en el Perú violando las políticas migratorias. En ese entonces ambos periodistas fueron expulsados por agentes de migración, que los detuvieron para enviarlos a Bolivia.

Esta ONG canadiense ha publicado un pronunciamiento basado en falsedades contadas por otra organización (DHSF). Según el reporte -N° 001-2020-DHSF, la empresa minera habría “omitido” días atrás un reporte de 18 trabajadores contagiados por Covid-19. Pues bien, dicha información no se ajusta a la verdad. Hudbay realiza, según el estricto protocolo sanitario impuesto por las autoridades nacionales, pruebas rápidas a todos sus trabajadores y colaboradores de empresas contratistas. De esta manera se encontraron 18 posibles casos de contagio, que fueron derivados a Arequipa y que hoy se sabe que han sido descartados.

¿De dónde saca la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras que en la unidad minera hay 18 casos, o 21 según una “actualización” hecha por ella? Honestamente no lo sabemos, lo que sí sabemos es que ellos deben muchas explicaciones por tanta desinformación.

Pero el informe de DHSF no queda allí. Se dice también que la empresa vulnera el “derecho a la salud de las poblaciones locales”. Bueno pues, no solo la empresa aplica estrictos protocolos, además ha entregado una serie de ayudas a los gobiernos locales y a las autoridades regionales. En días pasado la Dirección Regional de Salud del Cusco recibió 24 camas clínicas, un negatoscopio para lectura de imágenes, 56,000 mascarillas, 12,600 mandiles descartables de cirugía y 49 cestos metálicos para ropa de hospital, para hacer frente al coronavirus. ¿Qué significa esto?

Asimismo, la empresa ha entregado más de 59,000 kilos de productos de primera necesidad –como arroz, azúcar y aceite– a los Comandos Covid-19 y autoridades municipales de los distritos aledaños a su intervención en la provincia de Chumbivilcas. ¿Por qué se miente y se desinforma? No lo sabemos, lo que sí podemos asegurar es que los antimineros no descansan ni siquiera en cuarentena.

En la medida en que los sectores antimineros y anti inversión se han propuesto paralizar la producción de cobre del Perú para profundizar la caída del PBI (que algunos calculan en más de 12%) y aumentar la pobreza, con el objeto de legitimar la prédica colectivista anticapitalista, no será nada extraño que, en las próximas semanas, las acciones antimineras se intensifiquen con el pretexto de “preservar la salud” de los pobladores de las zonas mineras. Los antimineros quieren más pobreza para que el hambre, la desesperación y la informalidad se disparen y, en ese contexto, la pandemia avance incontenible.