Ante denuncias contra USAID, ¡aprobar ley sobre oenegés ya!

Las denuncias del gobierno federal de los Estados Unidos sobre cómo se utilizaron miles de millones de dólares –dinero de los contribuyentes estadounidenses– a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para fomentar la agenda progresista y wokista en el mundo –y en la práctica, favorecer a los enemigos de la gran unión americana– plantea medidas urgentes a los demócratas del planeta.

Las investigaciones determinarán la gravedad de las denuncias. Sin embargo, en Perú, Chile, Colombia y otros países es incuestionable que el financiamiento de USAID en las últimas décadas promovió oenegés que, supuestamente, defendían Derechos Humanos, pero que terminaron destruyendo la institucionalidad y la moral de las fuerzas de seguridad (fuerzas armadas y policía nacional). Los efectivos de las fuerzas de seguridad fueron sometidos a judicializaciones incansables a través del control del sistema de justicia. Militares y policías se convirtieron en perseguidos en vez de la propia delincuencia, tal como en ocasiones sucedió en el Perú.

Sin estas oenegés que se dedicaron a erosionar a las fuerzas de seguridad hubiese sido extremadamente difícil que la violencia de minorías radicales en el sistema de transporte de Santiago de Chile desembocara en el proceso constituyente que terminó paralizando el milagro económico mapocho. Igualmente, sería muy difícil que el desborde criminal que se padece en Ecuador, Perú, Chile y Colombia luego de la emigración de sectores criminales en Venezuela –con el objeto de desacreditar a los millones de migrantes venezolanos– hubiese desatado la magnitud de la crisis de seguridad en la región. De allí que no sea extraño que el presidente Bukele del Salvador para implementar su plan de seguridad –al margen de adhesiones y rechazos– haya necesitado confrontar y arrinconar a las oenegés progresistas en su país.

En el Perú el papel de USAID en el financiamiento de estos sectores ha sido devastador, a la luz de la crisis institucional y del sistema político frente al desborde de la criminalidad. ¿Qué lucha contra la criminalidad puede existir si se destruye y persigue a las fuerzas de seguridad? Imposible.  Uno de los casos que sigue siendo un grave problema para el futuro de la seguridad nacional es la situación de alrededor de 300 efectivos de las fuerzas de seguridad que están judicializados por haber desarrollado el uso legítimo y constitucional de la fuerza en defensa del Estado de derecho frente a la violencia insurreccional luego del golpe de fallido de Pedro Castillo. Como se recuerda, en ese entonces varias milicias pretendieron destruir y quemar todos los aeropuertos del sur, mientras otros grupos violentistas bloqueaban carreteras con el objeto de desabastecer a las ciudades y quebrar la economía nacional. El objetivo era uno solo: fracturar la moral democrática nacional y aceptar la asamblea constituyente como salida a la violencia.

El radicalismo no materializó su plan por una sola razón: las fuerzas de seguridad ejercieron el uso legítimo y constitucional de la fuerza pública y salvaron el Estado de derecho, con un saldo trágico y lamentable de 60 peruanos fallecidos. Todas las muertes deben ser investigadas a fondo, pero es incuestionable que los únicos responsables son los milicianos y radicales que enfrentaron a las fuerzas de seguridad para destruir aeropuertos.

Las oenegés que supuestamente defienden los Derechos Humanos tienen un enorme papel destructivo del Estado de derecho. Sin la defensa del Estado de derecho de parte de nuestras fuerzas de seguridad hoy el Perú estaría embarcado en una constituyente y un proceso revolucionario.

Por todas estas consideraciones, es de extrema urgencia que el Congreso apruebe el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores que incrementa las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en el control de los recursos externos que reciben las oenegés. Es asunto de seguridad nacional, de soberanía y de defensa del Estado de derecho. ¿Qué esperan las bancadas democráticas?