La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Cualquier observador internacional se preguntaría sobre cómo así, luego de desarrollarse una de las movilizaciones más masivas de la reciente historia en contra del Gobierno colectivista de Pedro Castillo, los sectores comunistas siguen desarrollando propaganda acerca de que la única salida a la crisis es la instalación de una asamblea constituyente.
Si la propuesta de la constituyente ha sido el motor y el combustible de la tragedia nacional que ha causado Castillo, ¿cómo así los dirigentes de Perú Libre siguen agitando dicha propuesta casi como un mantra religioso? La respuesta es simple: el derrumbe del Gobierno de Castillo no tiene como contraparte una alternativa de la oposición en el Congreso.
Lo normal en las repúblicas semipresidenciales de América Latina –como el caso del Perú– es que cuando se derrumba el Ejecutivo, el Congreso llene ese vacío de poder y organiza una salida. Ese escenario no sucede en el país y, entonces, el derrumbe del Gobierno desata la anarquía general con una grave crisis del sistema de representación política.
La anarquía se siente en las calles de Lima con los ciudadanos atemorizados de posibles saqueos, en las carreteras bloqueadas por sectores de la población que ejercen violencia, en el abandono de la autoridad del Estado en el corredor minero del sur y en las agresiones perpetradas a los efectivos policiales. La anarquía tiene como correlato directo la implosión del Estado, de una organización estatal que –mal que bien– funcionó en las últimas tres décadas, y que ya no puede proveer servicios mínimos como antes.
La anarquía debilita al Gobierno, y los ministros y funcionarios debilitados ceden a las demandas sociales irracionales de los sectores que ejercen violencia. Demandas que acaban con la posibilidad de reformar el transporte o pueden destruir a la minería moderna. La anarquía es un monstruo que se retroalimenta del hundimiento gubernamental.
¿Cómo así el milagro económico de algunos meses atrás se ha hundido en esta tragedia? Cuando el presidente Castillo anunció una constituyente y promovió la nacionalización de los recursos naturales comenzó el desastre. El propio jefe de Estado parió a la anarquía al cuestionar la ley de leyes con que fue elegido y estaba llamado a gobernar. Igualmente, disparó a la anarquía al renunciar a la autoridad en las zonas mineras y al cuestionar los contratos que el Estado debe respetar. Todo empezó allí.
La constituyente –rechazada por la mayoría de la sociedad– paralizó la inversión privada y hubo menos crecimiento y menos empleo, y aumentó la pobreza. Con la invasión rusa de Ucrania, los precios del petróleo y algunos commodities se dispararon y la canasta básica de los peruanos voló a las nubes. La sociedad estalló y Lima protagonizó una de las movilizaciones más grandes de la región.
La oposición se entretuvo en dos procesos de vacancia –sin tener los votos asegurados– y se olvidó de defender el modelo económico que el Ejecutivo comenzó a atacar por aire, mar y tierra, como se suele decir. La oposición olvidó defender la causa –es decir, la economía– que hoy lanza a los peruanos a las calles a exigir la renuncia de Castillo.
De alguna manera la oposición está colonizada por los relatos culturales del progresismo que demonizan la inversión privada, y renunció a una batalla que definirá la guerra: la defensa de la inversión privada y el empleo. Por este yerro, hoy los comunistas, colectivistas y progresistas, no obstante ser los únicos responsables del desastre, se atreven a plantear que la única solución pasa por una nueva constitución y el control de precios.
Sin embargo, la situación en el Perú comienza a dejar en claro que nadie puede detener tres décadas de crecimiento y de proceso de reducción de pobreza sin pagar las consecuencias políticas y sociales. Hoy el Gobierno de Castillo prepara maletas –más allá de semanas o meses– por haber detenido el mayor momento de inclusión y reducción de pobreza de toda nuestra historia republicana.
COMENTARIOS