¡Alarmante! ¡Crece la ola criminal!

El presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), César Ortiz, ha señalado en la Red de Comunicación Nacional (RCR) que el número de homicidios se ha incrementado en el país, alcanzando 12.5 por cada 100 habitantes. Vale recordar que en el 2019 ese indicador fue de 8.9. El problema entonces es demasiado grave, sobre todo por la evidente desmoralización de la Policía Nacional del Perú (PNP) ante el pase ilegal al retiro de 18 oficiales generales, y frente al hecho que el Ejecutivo hizo suya la campaña de demonización de las izquierdas contra la PNP.

Asimismo, según el índice de Ley y Orden (GLO 2019) de Gallup (empresa de análisis y asesoría), de un total de 142 países evaluados, Perú se ubica entre los 10 países más inseguros en el mundo, superando a Venezuela, México, Bolivia, Brasil y Argentina. La inseguridad ciudadana vuelve, entonces, a ser tema de debate electoral. Los aspirantes a la presidencia de la República deberán plantear soluciones creíbles contra la delincuencia común y criminalidad organizada.

¿Acaso no es urgente cambiar las normas que penalizan a las personas que se defienden de la delincuencia? ¿Flexibilizar el derecho a portar armas? ¿Crear fiscalías especializadas en las comisarías distritales, con el fin de investigar de manera inmediata los delitos menores? ¿Establecer centros penitenciarios en lugares inaccesibles para evitar las comunicaciones telefónicas de los condenados que organizan redes criminales desde las cárceles? ¿La participación efectiva de las Fuerzas Armadas custodiando por mandato legal las actividades económicas estratégicas? 

El cambio constante de ministros del Interior hace inviable la continuidad de políticas y planes para enfrentar la ola de inseguridad ciudadana, cada vez más agresiva. La acción de la policía ha sido desbordada por el alto número de actos criminales y hechos cometidos por la población.

Semanas atrás, en Gamarra, el emporio comercial más grande del país, en un intento de saqueo, un grupo de delincuentes atacó a comerciantes y compradores. En la estampida muchos fueron asaltados y despojados de sus pertenencias. La numerosa vigilancia municipal en cada esquina fue absolutamente ineficaz. Estos eventos se repiten en los comercios informales en todo el país. La capacidad de la policía y los serenos municipales para identificar a los organizadores es nula. El “raqueteo”, “cogoteo”, “marcas”, uso de motos y mototaxis –según los especialistas, el kindergarten de la delincuencia– y otras modalidades criminales, se han extendido de manera incontrolable. El uso de armas de fuego por parte de delincuentes jóvenes se ha generalizado; delincuentes que se exhiben en las “redes sociales”. 

El asesinato es la práctica coercitiva de prestamistas en los comercios populares y parte del narcotráfico. Años atrás, muchos taxistas fueron asesinados en Huancayo. Según los vecinos, los asesinatos eran cometidos por prestamistas vinculados al narcotráfico. En la selva amazónica el senderismo promueve la tala ilegal, el contrabando de madera, el tráfico de terrenos, el narcotráfico y otras actividades criminales. En los bosques, las patrullas de la Marina de Guerra son emboscadas y los dirigentes nativos que se oponen a la criminalidad en sus territorios son amenazados y asesinados. 

Una de las expresiones de la actual crisis de las instituciones republicanas es el colapso del Estado, que no logra proveer uno de los bienes básicos de cualquier organización estatal: la seguridad ciudadana. Ante esta situación, la informalidad no solo es un problema económico y social, porque las poblaciones crean sus propios sistemas informales de protección.