Aduviri, el Gobernador extremista

 

Según encuesta a boca de urna, Walter Aduviri Calizaya, candidato a la gobernación de Puno por el Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional (Mi Casita), habría obtenido un 48.1% de los votos, convirtiéndose en el virtual ganador de la gobernación en la región Puno.

Aduviri —absuelto por el Poder Judicial dos días antes de las elecciones— desarrolló toda su campaña prófugo de la justicia, por tener una sentencia no confirmada por la Corte de Suprema, y fue una de las candidaturas más extremas del espectro marxista, dentro del proceso electoral del domingo pasado. Aún cuando las encuestas a boca de urna carecen de confiabilidad técnica, parece evidente que Aduviri ganó en Puno.

Como próximo gobernador, Aduviri es un peligro para las inversiones que nos permitirían explotar los 4.7 millones de toneladas de carbonato de litio de alta ley encontrados en Macusani por la minera canadiense Plateau Energy, concesionaria del proyecto Fachani. Si el Gobierno del presidente Martín Vizcarra no organiza una movilización nacional que vincule la explotación del litio con el desarrollo del Perú, el futuro de los más pobres en el altiplano seguirá siendo incierto. Aduviri y el círculo antiminero son capaces de bloquear el proyecto Fachani, considerado uno de los yacimientos más ricos del mundo. Ya no lo hará mediante manifestaciones violentas y actos vandálicos, como lo hizo contra el proyecto Santa Ana en 2011, sino bloqueando todos los expedientes técnicos que sean tramitados por el concesionario del proyecto Fachani.

El 26 de mayo de 2011, Aduviri lideró una de las protestas más violentas registradas en Puno en los últimos tiempos: el aymarazo. Las protestas organizadas por Aduviri fueron en contra de la minera Bear Creek Mining y el proyecto de plata Santa Ana, ubicado en distrito de Huacullani (provincia de Chucuito, Puno). Los actos vandálicos de ese día fueron coordinados con un contingente de antimineros bien apertrechados y apostados ese día en la ciudad de Puno. Numerosos locales públicos —como la prefectura, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (Sunat) y Contraloría— fueron asaltados, y algunos hasta con intentos de incendiarlos. Posteriormente, Aduviri fue acusado, procesado y sentenciado, en diciembre último por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno, a siete años de prisión efectiva y al pago por reparación civil de S/ 2 millones por el delito contra la paz pública en forma de disturbio.

Sin embargo, de manera imprevista, dos días antes del proceso electoral del domingo pasado, la Sala Suprema del Poder Judicial declaró fundado el recurso de casación presentado por el dirigente aymara y candidato a gobernador de Puno. La decisión de la Sala se fundamentó por “inobservarse el precepto procesal y vulneración de la garantía de motivación contra la sentencia expedida el 29 de diciembre del 2017 por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Suprema de Puno”. La Sala falló anulando el juicio y ordenó el inicio de uno nuevo y la liberación del condenado Aduviri. A partir de ahora, el Ministerio Público volverá a presentar acusación en contra del próximo gobernador de Puno.

Los vocales de la Sala Suprema “confirmaron la desvinculación de la acusación fiscal respecto al título de imputación de coautor no ejecutivo al de autor mediato”. Es decir, Walter Aduviri fue condenado por un delito distinto a la acusación fiscal: como autor mediato del delito contra la tranquilidad pública disturbios en agravio del Estado.

Por el aymarazo, el Gobierno de Alan García emitió un decreto supremo cancelando la concesión del proyecto Santa Ana. De acuerdo al los tratados de Libre Comercio suscritos por el Perú, la compañía canadiense Bear Creek Mining llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Luego del proceso, Perú le reconoció a la minera un pago de S/ 103 millones (US$ 24,223 millones, más los intereses fijados, lo que sumado alcanzaría la suma US$ 30 millones).

Al respecto, recientemente, un grupo de dirigentes aymaras ha amenazado al Gobierno de Martín Vizcarra con paralizaciones y manifestaciones parecidas a las realizadas en mayo de 2011 si el Estado peruano le paga a la minera canadiense. Los que votaron por Aduviri para gobernador se oponen al Proyecto de Ley Nº 3121-2017 que establece que el Ministerio de Energía y Minas debe pagar S/ 103 millones a Bear Creek Mining Corporation, como lo dispuso el CIADI. El proyecto ha sido presentado, con “carácter de urgencia”, el pasado 17 de julio por el presidente de la República, Martín Vizcarra y su primer ministro, César Villanueva.

Ahora veremos la fibra de Vizcarra y Villanueva frente al CIADI y frente a Aduviri.