Acuerdo de Escazú y aumento de cultivos de hoja de coca

Un informe reciente sobre cultivo de hoja de coca y producción de cocaína en el Perú para el año 2019, elaborado por la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP), revela que el incremento de cultivos de hoja de coca en el Perú es preocupante. Según el mencionado informe, existen 72,000 nuevas hectáreas (ha) de cultivo de hoja de coca, que representan un incremento de 38% en un año. Asimismo, según el informe, el aumento de los cultivos se explica porque la producción de cocaína se habría elevado en 705 toneladas métricas, 40% de incremento respecto al 2018.

De acuerdo a la ONDCP, el 30% de aumento del cultivo de hoja de coca corresponde al VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro). No obstante el mencionado informe, la Cancillería peruana se limitó a señalar los “esfuerzos destinados” a detener la expansión del cultivo de hoja de coca y producción de cocaína. Este aumento de los cultivos de hoja de coca se desarrolla en medio del abandono del Estado de los territorios amazónicos y el aumento de la informalidad, por los taladores y mineros ilegales.

Al respecto, vale señalar que los trabajadores de las concesiones forestales son constantemente amenazados y hasta asesinados por los narcotraficantes, que campean en los bosques. Asimismo, son extorsionados por militantes de Sendero Luminoso, brazo armado y protector de taladores ilegales, contrabandistas de madera, narcotraficantes y distintas organizaciones delictivas.

En este contexto, para enfrentar el aumento de la criminalidad en la Amazonía es urgente la formalización de las actividades económicas y sociales que se desarrollan en la selva y que, a estas alturas no pueden ser detenidas por nadie. Pero las comunidades que participan de estas actividades están en desventaja total por la falta de formalidad. Aquí vale preguntarse, ¿contribuirá en algo el llamado Acuerdo de Escazú a promover la formalidad y eliminar la criminalidad organizada de la Amazonía?

En diversos foros se ha sostenido que el Acuerdo de Escazú eleva los problemas y conflictos ambientales a categoría de Derechos Humanos y que, por lo tanto, podrían ser tramitados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo se ha dicho que el Acuerdo establece una dualidad legal –nacional y extranjera– que fortalece el concepto de una jurisdicción supranacional de los temas ambientales que se conviertan en casos de Derechos Humanos. Igualmente el Acuerdo de Escazú otorga un estatus especial a los activistas de las oenegés ambientalistas –la mayoría de orientación marxista– cuya obsesión es detener las inversiones forestales, mineras y en hidrocarburos, entre otras. La pregunta que surge es: ¿en caso de aprobarse el Acuerdo de Escazú será posible que prosperen inversiones forestales o mineras? Creemos que no.

Si se bloquea la inversión formal, la informalidad se extenderá de aquí para allá. Y en la falta de legalidad y de Estado, las sociedades criminales se apoderarán de nuestra Amazonía. El resultado será absolutamente inverso a los supuestos objetivos de los promotores del Acuerdo Escazú. Una vez más queda en evidencia que a las izquierdas oenegistas que promueven el Acuerdo de Escazú no les interesan el país, los pobres, la Amazonía ni los derechos humanos. En realidad lo único que les interesa es una plataforma legal para empoderar a las oenegés por encima de las instituciones republicanas que consagra nuestra Constitución Política.