¡Acabar con el terror judicial!

Si bien el suicidio del presidente Alan García es un acto individual, se produce en un contexto en que los fiscales del caso Lava Jato, encabezados por Rafael Vela y Domingo Pérez, han convertido a las detenciones preliminares y preventivas –no obstante que no existen acusaciones ni juicios– en la regla general de todos los procedimientos. El carnaval de detenciones que han desatado los fiscales del caso Lava Jato, en realidad esconde el fracaso general de los mencionados magistrados: hasta hoy no han acusado absolutamente a nadie, contraviniendo lo que ordena la Constitución.

La trágica muerte de Alan García, dos veces jefe de Estado del Perú, elegido en comicios impecables, quien además demostró una trayectoria democrática incuestionable al convocar elecciones y entregar el poder en ambas ocasiones, de una u otra manera desnuda la impotencia de los acusados para ejercer su defensa y preservar su libertad.

¿Quién puede defenderse de una eventual detención si no existe acusación fiscal, tal como mandan la Carta Política y las leyes? Con este procedimiento, Keiko Fujimori y la dirigencia de Fuerza Popular están detenidos por tres años, puede suceder lo mismo con el ex presidente Kuczynski y se pretendía hacerlo también con el ex presidente García.

El clima del terror judicial que se ha instaurado con las detenciones sin acusación ni juicios viola el principio constitucional de presunción de inocencia porque, en la práctica, el imputado termina purgando una prisión que luego podría resultar injusta, cuando el Poder Judicial establezca la inocencia de los acusados. Si estas cosas prosperan en el país es porque existe una coalición mediática que, de manera absolutamente irresponsable, ha alentado el linchamiento judicial de un sector político del país. Las razones de este linchamiento están en la política, y de ninguna manera en la ley y en la lucha contra la corrupción. De lo contrario, los medios exigirían que los fiscales procedan a acusar a los implicados para evitar el circo de las humillaciones de una detención, en medio de las portadas y los reportajes.

La muerte del ex presidente García obliga a una reacción institucional enérgica, sobre todo del Congreso de la República. A nuestro entender, toda la Junta de Fiscales debería renunciar por haber permitido que los fiscales superiores y provinciales del caso Lava Jato desarrollen detenciones de los acusados sin acusación ni juicio. Si no lo hicieran por voluntad propia, el Congreso debería proceder a acusarlos constitucionalmente e inhabilitarlos. Las razones constitucionales y legales sobran. Es una manera de evitar que la polarización y el enfrentamiento sigan creciendo en el país.

La necesidad de relevar a la actual Junta de Fiscales Supremos tiene que ver con las acciones del fiscal Domingo Pérez, quien violó todos los principios jerárquicos del Ministerio Público al enfrentarse públicamente con el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, y con que IDL-Reporteros primero informa de las diligencias y anuncia las detenciones antes de que los fiscales actúen. Además, en la práctica, los magistrados Lava Jato parecen actuar con una lógica política propia. Los plazos y procedimientos parecen estar subordinados a simples cálculos políticos, mientras se multiplican las detenciones sin acusaciones ni procesos, tal como sucedía en la ex Unión Soviética, la Alemania de Hitler y el régimen chavista de Maduro.

Licenciar a la actual Junta de Fiscales Supremos es, pues, una urgencia nacional que no puede esperar a que se instale la Junta Nacional de Justicia porque las detenciones preliminares, preventivas y los allanamientos sin acusación fiscal ni juicio se siguen multiplicando en contra de los políticos. En cualquier caso, la trágica muerte del ex presidente Alan García obliga a dramáticas decisiones si pretendemos detener la espiral de enfrentamientos que parece avecinarse.