A reglamentar la ley de las oenegés para garantizar transparencia

En el Perú si una ley aprobada en el Congreso no se reglamenta por el Ejecutivo, en la práctica, se deroga porque no entra en vigor. Ejemplos de este extraño fenómeno jurídico hay muchos. Si bien el Ejecutivo no tiene facultades para modificar la esencia ni el espíritu de una ley aprobada en el Congreso, la falta de reglamentación impide la aplicación de la norma. Algo parecido puede estar sucediendo con la ley sobre las oenegés que incrementa las funciones y capacidades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en el control de los recursos externos de las oenegés.

El 12 de marzo pasado se aprobó la nueva ley de oenegés que incrementa las funciones de APCI en el control de los recursos externos que reciben las oenegés. La mencionada norma, de una u otra manera, replica las legislaciones de los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá con respecto al control de los recursos externos que reciben las oenegés. En cualquier caso, es la decisión mínima que debe asumir cualquier Estado que se considere soberano porque, en el actual periodo de globalización, los recursos que reciben las oenegés del exterior –que no están sujetos al pago del impuesto a la renta– deben ser fiscalizados para resguardar la soberanía y la integridad de los países.

Estas medidas que, en cualquier país desarrollado y soberano, deberían considerarse normales, en el Perú se convirtieron en una verdadera movilización nacional e internacional de todos los sectores progresistas para evitar que el Congreso legisle sobre esta materia tan delicada. Las embajadas de los países con legislación que regulan y controlan a las oenegés, sorprendentemente, se pronunciaron contra la nueva ley del Congreso y las izquierdas y el progresismo nacionales argumentaron que se estaba afectando el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos. 

Una vez más las izquierdas dejaron en claro el doble rasero con el suelen actuar frentes a temas polémicos y la falta de una ética en el debate público. ¿Por qué? Estos sectores habían promovido que el sector privado se aleje del financiamiento de los partidos y que estas entidades solo dependan de los aportes estatales. Se había producido una virtual estatización de la vida político-partidaria que, felizmente, acabó parcialmente por decisión del Congreso con las últimas modificaciones a favor del financiamiento privado a los partidos. 

En el debate sobre la ley de oenegés las izquierdas pretendían la más absoluta libertad para las oenegés en nombre de la participación ciudadana por una sola razón: las oenegés, a diferencia de los partidos que son controlados por los electores (a veces, incluso, desaparecen por la sanción política), no tenían ninguna fiscalización, recibían recursos del exterior de cualquier fuente, de todo tipo de procedencia, y sus planes y objetivos cambiaban a voluntad ideológica.

De esta manera, mientras se ahogaba a los partidos, las oenegés se multiplicaban sin rendir cuentas a nadie con los fondos del exterior. En ese contexto, la democracia, sus instituciones y los controles estaban liquidados. Y eso es lo que estaba sucediendo y explica la grave crisis del sistema representativo de la actualidad. 

Por todas estas consideraciones el Ejecutivo en colaboración la APCI deben reglamentar la ley sobre las oenegés que tanto revuelo nacional e internacional causó. De lo contrario será evidente que la aprobación de la ley fue un gesto para las tribunas, mientras se aceptaba la presión del progresismo nacional e internacional que inventa teorías como el de la participación ciudadana en tanto promueve abiertamente la destrucción del sistema político y de los partidos.