¡A derogar leyes antimercado e impulsar reformas!

El primer año del Gabinete Zavala —entre otras interpretaciones— también podría ser definido como el año de la confrontación entre Ejecutivo-Legislativo, que terminó con la censura de un ministro y de un Gabinete entero. Al margen de las responsabilidades a ambos lados de la mesa, en el mencionado período es incuestionable que el radicalismo antisistema no solo lanzó una ofensiva social, mediante el control de los sindicatos magisteriales regionales y el asedio permanente al corredor minero del sur (que produce más del 50% del cobre nacional), sino que también pasó a la ofensiva legislativa, sorprendiendo a pepekausas y fujimoristas.

En el caso del Congreso, el fujimorismo tiene la primera responsabilidad en haber permitido las emboscadas ideológicas del Frente Amplio y el radicalismo. Un ejemplo paradigmático es la ley que prohíbe utilizar leche en polvo importada en la elaboración de productos lácteos, que colisiona con todos los tratados internacionales sobre comercio firmados por el Perú e, incluso, con el propio espíritu de la Constitución.

Otro hecho tremebundo para las inversiones en minería y en recursos naturales, es la ley aprobada en el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, que establece la posibilidad de declarar como “cabeceras de cuenca” a determinadas zonas por encima de los 3,000 metros sobre el nivel del mar —y por lo tanto, libres de inversiones mineras— para “preservar los acuíferos y las nacientes de los ríos con objeto de garantizar el líquido vital para la agricultura y el consumo humano”. Semejante esperpento no tiene ningún asidero científico, porque los países desarrollados han demostrado que la única manera de cosechar agua para la agricultura y la población es mediante la construcción de represas y reservorios.

Pero las visiones antimercado y antiinversión nunca descansan, a diferencia de las prolongadas vacaciones de los defensores de las libertades políticas y económicas. En la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Legislativo se pretende establecer una reserva natural en la costa norte del Perú, con el objetivo de bloquear las exploraciones e inversiones petroleras. ¿Qué significa esta especie de avalancha antimercado en las calles y el Congreso? Que las fuerzas promercado, es decir, los fujimoristas y los pepekausas, simplemente han perdido el norte por estar demasiado ocupados en la confrontación.

Si bien el Banco Central de Reserva ha echado vientos optimistas a la economía —señalando que el Perú crecerá el 2018 en 4.2% del PBI, y que la inversión privada se expandirá en 5.3%, sobre todo, gracias al incremento del precio del cobre en más de 35% y la entrada de capitales— es incuestionable que el modelo económico y social del Perú ya ingresó a sala de emergencia por la ausencia de una oleada de reformas. El crecimiento no puede continuar solo en base a las reformas de los noventa.

Antes una digresión. Si el fujimorismo considera que este tipo de reflexiones no le alcanza, por su papel opositor al Gobierno pepekausa, se equivoca de cabo a rabo: si fracasa la administración PPK, en el 2021 no estará en el banquillo solo el Ejecutivo, sino el modelo que se inauguró en los noventa. En otras palabras, la ola de descontento será de tal envergadura que el movimiento naranja se mojará de cuerpo entero. Hay entonces una necesidad imperiosa de que Ejecutivo y Legislativo internalicen esta problemática.

El Perú necesita, pues, con urgencia derogar todas las leyes antimercado que han pasado en medio de las distracciones desatadas por el Gabinete Zavala. Sin embargo si las fuerzas promercado no entienden que nuestro país como sociedad de ingresos medios —que ha logrado reducir pobreza del 60% de la población a 20%, gracias a una primera generación de reformas—, en realidad, enfrenta la amenaza de la trampa de ingresos medios, no se ha comprendido la magnitud de las urgencias.

Hoy el precio de cobre puede relanzar la economía. Sin embargo es imposible retomar tasas altas de crecimiento si no recuperamos el impulso a favor de la competitividad, desarrollando reformas de fondo. En el último ranking Global de Competitividad 2017-2018 del World Economic Forum (WEF), el Perú desciende al puesto 72 de un total de 137 países. Es decir, sigue perdiendo competitividad y, con las leyes aprobadas en el Congreso, empieza a involucionar aceleradamente.

Para nuestro país es de vida o muerte entonces avanzar en reformas institucionales, de justicia predecible y de derechos de propiedad inclusivos, solucionar los déficits de infraestructura e impulsar reformas de los sistemas educativos y de salud. No hay otra. De lo contrario, sobrevendrá la trampa de ingresos medios, que se caracteriza por la ralentización del crecimiento, el retorno de la pobreza y la ofensiva de las propuestas antisistema. De allí a la tragedia de Venezuela hay un trecho corto.