¡A defender la Constitución con uñas y dientes!

La elección de Francisco Sagasti como jefe de Estado no soluciona la crisis. La turbulencia política y social solo menguará si el Gobierno de transición decide convocar a una convergencia nacional que cancele la guerra política que inició Fuerza Popular luego de las elecciones del 2016. Una decisión de ese tipo implica alejarse de los extremismos que pretenden continuar la guerra política para convertir a la llamada “calle” en el gran elector del sistema republicano. ¿Cuál es el objetivo? Convocar a una asamblea constituyente que redacte una constitución anticapitalista.

La idea de las corrientes comunistas y colectivistas es generar el consenso que señale que la destrucción institucional, política, económica y social, que ha dejado la administración Vizcarra, es producto de la actual “Constitución neoliberal, patriarcal y capitalista”. Es el mismo libreto que se ensayó en Chile para cuestionar el orden constitucional que le permitió al país del sur alcanzar el ingreso per cápita más alto de América Latina y la reducción de pobreza más impresionante. 

La Constitución de 1993 tiene muchas imperfecciones que deben ser modificadas, sobre todo luego de las reformas del pasado referendo, que han destruido el sistema político: prohibición de reelegir a congresistas, negativa al Senado e imposibilidad de contratar publicidad privada en radio y televisión durante los procesos electorales nacionales. 

Hay reformas pendientes y urgentes, no se puede negar. Sin embargo, estas transformaciones deben hacerse dentro del propio marco constitucional por una sola razón: la actual Constitución ha posibilitado que el PBI se triplique, que la pobreza se reduzca del 60% de la población a solo 20%, y que nuestra sociedad se convierta en una de ingresos medios (hasta antes de la pandemia). En otras palabras, ha posibilitado el mejor momento institucional, económico y social de nuestra historia.

¿Cuál fue el secreto de estos logros? La abolición del Estado empresario que generó la hiperinflación de los ochenta, y también que explica la tragedia humanitaria en Venezuela. En el país, el Estado cumple un papel subsidiario de la actividad privada. Asimismo, la desregulación constitucional de mercados y precios, la seguridad jurídica que nace del respeto a los contratos con los privados –que no pueden ser modificados por ley– y a la propiedad privada en general, y la prohibición de las diversas formas de proteccionismo en el comercio.

Gracias a este marco constitucional emergió el sector privado (formal e informal) más poderoso y extendido de nuestra historia, que financia el 80% de los ingresos fiscales –con los que se paga el sueldo de los burócratas colectivistas y anti mercado del Estado– y que provee el 80% del empleo en la sociedad. 

Si luego de la pandemia la economía se contraerá en alrededor de 15%, cerca del 30% de la población caerá debajo de la línea de la pobreza, el déficit fiscal llegará al 10% del PBI y el endeudamiento público alcanzará el 40% del PBI. Todo ello solo se explica por los errores acumulados por la pasada administración Vizcarra y del Gabinete Zevallos, conducido ideológicamente por el Frente Amplio. Esta tragedia de ninguna manera se explica por la Constitución. Muy por el contrario, el aumento del gasto público sin control, el control de precios indirectos en educación, y las campañas y distancias con el sector privado durante la emergencia solo provienen de un espíritu contrario a la Constitución.

El colectivismo y las corrientes comunistas en el país consideran que estamos ingresando a un momento constituyente. Si el Ejecutivo y el Congreso no lo acompañan buscará el argumento de la calle, del pueblo que marcha en las ciudades, tal como sucedió en Chile y acaba de suceder en Lima. Para alcanzar ese objetivo necesitan seguir deslegitimando a las instituciones, necesitan minar la moral de las fuerzas del orden con falsas denuncias de desapariciones, y necesitan poner el derecho a la protesta por encima del orden y la seguridad de la propiedad pública y privada.

Es hora de reaccionar y entender que la Constitución debe defenderse con uñas y dientes, porque aceptar la estrategia de una constituyente es colocar a la República al borde de un abismo. Del abismo en que cayó Venezuela.