2024 y el sistema republicano que lucha por sobrevivir

El año que culmina no cayó el gobierno de Dina Boluarte ni hubo adelanto de elecciones, tal como lo proponían las corrientes progresistas y los movimientos antisistema, no obstante la multitud de yerros, denuncias de irregularidades, de corrupción y de frivolidades que se acumularon en contra del Ejecutivo. Y el Gobierno también resistió a pesar de que, en las encuestas, Palacio registró una de las aprobaciones más bajas de la reciente historia nacional.

Quizá una de las razones de la continuidad institucional del gobierno de Boluarte tenga que ver con los efectos desatados por el terrible gobierno de Pedro Castillo, el golpe de Estado fallido y las olas de violencia insurreccional que pretendieron quebrar el Estado de derecho e instalar una asamblea constituyente. No obstante que la involución económica e institucional comenzó desde una década atrás, la ciudadanía identifica el punto de inflexión hacia el abismo con el gobierno de Castillo. 

De alguna manera el gobierno de Perú Libre debe haber vacunado a la ciudadanía contra la demagogia y el populismo por algún tiempo y de allí que las marchas convocadas por la izquierda nunca prosperaran pese a los yerros gubernamentales. En este contexto, el Congreso, el empresariado y las fuerzas armadas y fuerzas policiales (PNP) se convirtieron en los soportes principales de la estabilidad del Ejecutivo. Sin embargo, con la cercanía del cronograma electoral esas relaciones podrían cambiar tal como se percibió con la censura del ex ministro de Energía, Rómulo Mucho.

La institucionalidad republicana, entonces, resistió no obstante que había pocos argumentos a favor y pese a los populismos mediáticos que pregonaban que los adelantos electorales eran las fórmulas mágicas para las soluciones. En este contexto la política siguió envileciéndose con la judicialización de la política y la politización de la justicia y, de repente, el espacio mediático se transformó en una sucursal de los grandes casos penales de algunos funcionarios públicos. Y los constitucionalistas, los economistas e intelectuales fueron relegados por los penalistas.

La judicialización del espacio público, de una u otra manera, impidió abordar los grandes problemas del país que tienen que ver con las reformas institucionales y las reformas económicas y sociales para relanzar el Perú. En este escenario, el Congreso empezó a tramitar intereses sectoriales que, incluso, atentan contra el futuro y el desarrollo del país tal como se observó en la ampliación del plazo de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera –que alienta a la minería ilegal y destruye a la minería moderna– y en la oposición del Ministerio de Economía y Finanzas a aprobar una nueva ley de promoción agraria.

Asimismo, el descontrol del déficit fiscal comenzó a ser un protagonista de la economía y la política no obstante que, en las últimas tres décadas, el Perú fue un ejemplo mundial en el manejo de esta variable. A pesar del impecable trabajo del Banco Central de Reserva en el control de la inflación y el destrabe de algunos proyectos centrales de infraestructuras, la involución económica continuó con el asunto del déficit y la imposibilidad de desburocratizar el Estado.

Sin embargo, el crecimiento sobre el 3% del PBI para este año, el megaproyecto del puerto de Chancay y el proyecto del Puerto Espacial de Piura, el destrabe de los proyectos de infraestructuras y la continuidad institucional del sistema republicano, a pesar de todos los problemas acumulados, siguieron sorprendiendo al mundo. Algunos llegaron a sostener que el Perú podía tener todas las guerras y crisis políticas habidas y por haber, pero la economía continuaba avanzando.

Una impresión optimista que solo recoge parte de la verdad. En realidad, el sistema republicano en el Perú ha sobrevivido en el 2024, pese a que todos los argumentos estaban en contra. Y ha sobrevivido por la resiliencia económica de su modelo económico. Sin embargo, si el 2026 los peruanos no eligen bien, las posibilidades de sobrevivencia del sistema republicano y el modelo económico se recortarán significativamente.