2020: uno de los años más tristes de la República

El 2020 será recordado como uno de los años en que se produjo una de las devastaciones más dramáticas de nuestra historia republicana. La pandemia del Covid-19, como un huracán, derribó todas nuestras certezas. No obstante que el Perú era una sociedad de ingreso medio y con enormes recursos fiscales antes de la pandemia, llegó a convertirse en el país con más muertes por Covid por millón de habitantes, y a tener una de las recesiones más graves a nivel planetario. El Estado, los políticos y la política, simplemente fueron incapaces de aprovechar toda la riqueza que producía el sector privado y que se expresaba en reducción de pobreza, recursos fiscales, reservas internacionales, y credibilidad internacional de nuestra economía y sociedad.

No obstante que, en tres décadas, el modelo posibilitó triplicar el PBI, reducir de la pobreza del 60% de la población a solo 20% y convertir al país en una sociedad de ingreso medio, la pandemia dejó en claro que no había Estado, que no había líderes políticos y que  la política se había convertido en una energía autodestructiva. 

Como antes de la Guerra del Pacífico, las élites y los líderes, luego de las elecciones del 2016, se embarcaron en una guerra política que inició Fuerza Popular y que el ex presidente Vizcarra llevó a niveles impensados. Esa guerra lo consumió todo y la política se redujo a estrategias de información o desinformación. El resultado: una megarrecesión sin precedentes, el mayor número de muertes por Covid por millón de habitantes y un país sin vacuna contra la pandemia en el 2021. Estos dramáticos resultados son señalados a nivel mundial. Estremecedor.

Pero eso no es todo. Luego de la vacancia del ex presidente Vizcarra, de la renuncia del ex presidente Merino y de la asunción al poder del jefe de Estado interino, Francisco Sagasti, el proceso político, en vez de embarcarse en un camino de convergencias y entendimientos, por la aterradora situación de la República, siguió en el libreto de la guerra política que, a estas alturas, solo beneficia a las corrientes comunistas y colectivistas.

La administración Sagasti asumió el discurso que demonizaba a la Policía Nacional del Perú (PNP) y pasó ilegalmente al retiro a 18 oficiales generales PNP. La autoridad del Estado democrático fue pulverizada y la policía se declaró en huelga de brazos caídos frente a algunas minorías radicalizadas que bloqueaban carreteras y ejercían violencia contra la propiedad pública y privada. Y el Frente Amplio, la minoría de las minorías en el Legislativo, ahora en la conducción de la mesa directiva del Congreso, promovió una ofensiva contra la legislación a favor de la inversión privada que fue mantenida durante dos décadas y a través de cuatro gobiernos constitucionales consecutivos. 

Sin haber ganado una elección, las corrientes comunistas comenzaron a desmontar el modelo económico. La mayoría de bancadas –conformada por Acción Popular, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, en un primer momento– cedió al chantaje de las minorías radicalizadas que exigían la derogatoria de normas pro inversión y procedieron a derogar la Ley de Promoción Agraria. Felizmente la mencionada mayoría de bancadas comienza a reaccionar y ha empezado a detener la ofensiva comunista en contra del sector privado.

Uno de los primeros elementos, entonces, del balance preliminar del año es que en medio de la destrucción institucional, política, económica y social, se produce una ofensiva comunista en contra del sector privado y determinadas instituciones, para controlarlas políticamente. En el caso de la economía existe la voluntad colectivista de liquidar la inversión privada en el campo y de establecer el control de las tasas de interés. En el caso de las instituciones, el Partido Morado parece obsesionado en controlar políticamente a la PNP e incluso tentar la posibilidad de reformas profundas en las fuerzas armadas. Estos objetivos del Congreso y del Ejecutivo de ninguna manera corresponden a un Legislativo y un Gobierno interinos. De ninguna manera. Menos todavía cuando los partidos que controlan ambas instituciones representan minorías que nunca ganaron una elección nacional.

Por todas estas consideraciones, llegar a las elecciones de abril del 2021 preservando las instituciones republicanas y la economía de mercado se convierte en una carrera cuesta arriba. Sin embargo, la mayoría de bancadas del Congreso, que empieza a detener la ofensiva colectivista contra la inversión privada, tiene la enorme responsabilidad de resistir y defender el sistema de libertades políticas y económicas hacia el 2021.