Las FARC ambicionan más poder

Luego de lograr diez curules en el Congreso, la siguiente meta del partido político liderado por los ex terroristas es ocupar cargos municipales y regionales en las elecciones del próximo año. Es cierto, es una meta casi imposible, luego de fracasar en las últimas elecciones presidenciales y apenas lograr 85,000 votos en las elecciones legislativas del pasado marzo. En este contexto, los ex guerrilleros tienen en mente una estrategia peligrosa para la democracia y la paz de nuestros vecinos. Ante el rechazo de la mayoría de colombianos, la ahora llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) planea aliarse con algunos partidos de izquierda.
Pero, ¿cómo es posible que las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tengan hoy tanto poder e incluso hayan postulado a la presidencia con el ex guerrillero Timochenko a la cabeza? Si hoy las FARC gozan de estas facultades es gracias al Pacto de La Habana, acuerdo que se dio a pesar del rechazo, mediante referendo, de la gran mayoría de colombianos. Dicho pacto le ha permitido a este grupo ocupar cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Diputados, sin haber sido elegidos por el voto popular.
Una de las razones por la cual Iván Duque llegó a la presidencia fue porque él siempre se mostró en contra de dicho pacto, que además de otorgarle facultades para acceder a cargos públicos los libra de penas severas en prisión. Es, pues, comprensible el descontento de Duque. Colombia merece una paz auténtica. No es posible que habiendo cometido múltiples delitos —incluso de lesa humanidad— los narcoterroristas de las FARC pretendan participar en la democracia colombiana como si nada hubiese sucedido.
Por todas estas consideraciones, tiene mucho sentido el proyecto de reforma constitucional del mandatario colombiano, que busca que en la justicia colombiana no “meta en un mismo saco” a políticos con narcoterroristas y secuestradores. Porque muchos de esos genocidas están llevando juicios por secuestros y otros delitos diferentes al terrorismo. Quienes votaron por Duque se sintieron traicionados por el ex presidente Juan Manuel Santos, artífice del acuerdo con las FARC (aprobado en el Congreso), quien se puso de espaldas a los resultados del referéndum: más del 50% de los ciudadanos rechazó el tratado que permite la impunidad de los miembros de las FARC.
"Más que la intención de cumplir con lo acordado, lo que estamos apreciando hasta el momento es un singular asedio para socavar los fundamentos de lo convenido, un asedio en el que se conjugan las más variadas y pérfidas modalidades", sostiene Timochenko (líder de las FARC), quien postuló a la presidencia, sin cumplir la condena otorgada por los tribunales colombianos (de 178 años). El líder de las FARC fue acusado de múltiples delitos vinculados a extorsión, secuestro, asesinato y atentados terroristas. Tanto él como los diez congresistas son acusados por la justicia colombiana y estadounidense de delitos de lesa humanidad. Definitivamente, es evidente que en Colombia no hay una paz verdadera ni mucho menos una justicia real.
Es lamentable que asesinos, secuestradores y violadores tengan el camino libre para ocupar cargos públicos, en lugar de estar en prisiones, cumpliendo sus cadenas perpetuas. Las víctimas de estos criminales merecen justicia y respeto. Una posición de este tipo le permite a los peruanos valorar el triunfo sobre el terrorismo senderista, muchas veces minimizado por la izquierda. Vale recordar que luego de la derrota de Sendero Luminoso, los terroristas pretendieron ingresar a la política mediante el partido Movadef, el cual fracasó debido al rechazo de casi todos los peruanos. Esperemos, pues, que la población colombiana continúe rechazando a los ex guerrilleros, y que el plan de Duque prospere para el bienestar de nuestros vecinos.