¡Los colegios en emergencia!

El 26 de agosto, el gobierno de Keiko Fujimori declaró en emergencia la infraestructura educativa pública a nivel nacional mediante el Decreto Supremo N.° 013-2026-Minedu, publicado en el diario oficial El Peruano. La norma encarga al Minedu diseñar un sistema funcional de infraestructura educativa y acelerar el cierre de brechas. No se demandan recursos adicionales al Tesoro Público. Es una señal correcta, pero también una promesa que este país ya ha escuchado antes, con distintos nombres y en distintos gobiernos, sin que la brecha deje de crecer.

Según cifras del propio Minedu, la brecha de infraestructura educativa asciende hoy a más de S/ 171,000 millones, una cifra que se ha duplicado desde los S/ 60,000 millones estimados en 2014. De las 55,609 escuelas estatales del país, el 48% –es decir, 26,692 locales– presenta daños estructurales, según la Dirección General de Infraestructura Educativa del Minedu. La Contraloría, tras inspeccionar 1120 colegios, encontró grietas, rajaduras o debilitamientos en 780 de ellos, además de techos deteriorados y aulas inutilizables. Y hay un dato que debería quitarle el sueño a cualquier ministro: 26,905 locales educativos requieren cambios totales por riesgo estructural, una situación que compromete a 1.2 millones de estudiantes que hoy estudian en edificios que podrían colapsar.

El problema no es solo de dinero, es de gestión. La misma Contraloría reporta 337 obras educativas paralizadas en el país, con una inversión comprometida de más de S/ 4019 millones, de las cuales 113 corresponden específicamente a colegios y suman S/ 1179 millones congelados en construcciones a medio terminar. Son escuelas que existen en el papel, en algún expediente técnico aprobado, pero que en la realidad son fierros oxidándose al sol, mientras los niños reciben clases en el local de siempre, con el techo de siempre.

Por eso el decreto de emergencia del 26 de agosto no puede quedarse en una declaración. El gobierno de la presidente Fujimori tiene la obligación de traducir esa norma en acciones verificables. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de movilizar a todas las unidades ejecutoras comprometidas y a los gobiernos subnacionales en la identificación de una lista de las 30,292 escuelas identificadas por el propio Minedu como de prioridad 1, aquellas en muy mal estado que requieren intervención integral inmediata.

Asimismo, se debe apuntar a destrabar las 113 obras educativas paralizadas que reporta la Contraloría. Y finalmente, se debe crear de una vez el sistema funcional de infraestructura educativa que el propio decreto anuncia, con un ente rector que tenga autoridad real sobre Pronied, la ANIN y los gobiernos regionales, evitando que cada entidad siga ejecutando presupuesto sin rendir cuentas.

Toda esta realidad devastadora que se describe, incuestionablemente, se complicará con el desarrollo de un fenómeno de El Niño de gran magnitud. ¡No hay tiempo que perder!