Terribles efectos de derogatoria de la Ley de Promoción Agraria

Antes de la derogatoria de la ley de Promoción Agraria (Ley 27360) por el gobierno provisional de Francisco Sagasti y la presidencia también provisional del Congreso de Mirtha Vásquez –ambos llegaron al poder por el golpe de masas contra el gobierno constitucional de Manuel Merino–, los círculos virtuosos que había creado la mencionada norma eran tan potentes que los economistas y los analistas comenzaban a plantear que los efectos de esa ley se extendieran a toda la economía. Vale recordar que las dos características principales de la ley derogada por Sagasti eran un régimen tributario de 15% en renta y flexibilidad laboral en los contratos de trabajo con respeto a los derechos sociales.

Si los regímenes de la ley derogada se extendían a toda la economía, sin lugar a dudas, el Perú habría adquirido una potencia y un impulso económico que lo habría llevado a ser considerado un verdadero puma latinoamericano en referencia a los Tigres de Asia de las décadas pasadas. Sin embargo, extender los regímenes de la ley derogada eran imposibles con la manera cómo había crecido el Estado en las últimas décadas. Se requería la motosierra de Javier Milei para acabar con el enorme y elefantiásico Estado que había surgido: un Estado que consume un tercio del PBI que suma alrededor de US$ 260,000 millones; 19 ministerios con centenas de oficinas sin funciones que multiplican el gasto; más de 1.7 millones de empleados públicos y sobrerregulaciones que han convertido al Estado nacional en uno de los más burocráticos de la región.

Extender los beneficios de la ley derogada, pues, demandaba una reforma integral del Estado y una voluntad de devolver recursos –en tributos– a la sociedad y el sector privado para multiplicar inversiones y reinversiones. La decisión de derogar la mencionada norma, pues, formaba parte de la agenda socialista que ha burocratizado el Estado y ha detenido el capitalismo e, incluso, ha hecho retroceder el debate.

La Ley 27360, derogada por el progresismo, posibilitó que en el agro se produjeran cifras iguales o superiores a las tasas de crecimiento de los llamados Tigres de Asia en lustros pasados. En el Perú, en dos décadas, se captaron US$ 20,000 millones en inversiones y las agroexportaciones se multiplicaron de US$ 651 millones a más de US$ 12,000 millones en la actualidad. El empleo formal aumentó de 460,000 en el 2004 –entre directos e indirectos– a más de un millón en la actualidad y la pobreza en las regiones agrarias bajó muy por debajo de la media nacional. En Ica, por ejemplo, los pobres suman el 6% de la población no obstante que a nivel nacional se llega casi al 30%. 

Por otro lado, el desarrollo de la agroexportación comenzó a desarrollar una industria incipiente de manufactura y servicios que representa uno de los mayores hitos de diversificación de la economía. La izquierda siempre suele criticar la industria minera señalando un supuesto “modelo primario exportador”; sin embargo, buscó a cualquier costo derogar la mejor ley económica de la historia republicana.

A pesar de desarrollarse solo en el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura las agroexportaciones comenzaron a cambiar el rostro económico y social del Perú. Todos estos círculos virtuosos han sido detenidos con la derogatoria de la mencionada norma.

De allí la enorme importancia de aprobar una nueva ley de promoción agraria en el Legislativo. Un dictamen que proponía un régimen tributario promocional acaba de ser devuelto a comisiones y, de esta manera, el debate de una ley urgente sigue postergándose hasta las calendas griegas. Y el debate retrocede. En vez de discutir si extendemos los beneficios de la ley derogada a toda la economía ahora se discute si una ley promocional para el agro es necesaria.