¡Se agrava el populismo minero! ¡El Reinfo es hereditario!

El populismo en minería, quizá uno de los más graves que enfrentará el Perú en los próximos años, se rebalsa de aquí para allá y, en la medida que se acerque el cronograma electoral, el asunto se puede complicar. El Ejecutivo acaba de promulgar un decreto supremo en el que establece que la Inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del Minem puede ser heredado por los hijos. Una pregunta que emerge es, ¿por qué se tiene que establecer un derecho particular de herencia si todo está contemplado en nuestro Código Civil? ¿Acaso la legislación civil es insuficiente para legislar sobre el sistema de propiedad en minería? Es evidente que el Ejecutivo ha hecho otro guiño populista y pretende legislar en un tema que debe resolverse a través de la legislación civil.

En cualquier caso, el mensaje es evidente: el Ejecutivo está en busca de popularidad a cualquier costo y ha decidido pisar el acelerador del populismo minero. Por otro lado, en el Congreso no hay un solo indicio con respecto a que las cosas vayan a ser diferentes. El problema está en que si el Legislativo no aprueba una nueva ley sobre minería artesanal y pequeña minería en junio (Ley Mape) inevitablemente, el Reinfo tendrá que prorrogarse por otros seis meses.

¿Cuál es el gran problema de esta situación? La inscripción y los trámites ante el Reinfo de los mineros informales los exime de las responsabilidades penales en caso de caer en la figura o el tipo de minería ilegal, sobre todo cuando se trata de invasiones y producción en concesiones que están en exploración y explotación. Generalmente las alianzas entre mineros ilegales y el crimen organizado –tal como ha sucedido en Pataz– utilizan los procesos ante el Reinfo para robar las reservas probadas de minerales de las concesiones formales. Algo parecido sucede en el corredor vial del sur con la minería ilegal.

De allí que una de las primeras medidas del Ejecutivo en Pataz haya sido revocar 1,425 Reinfos que estaban en condición de suspendidos con el objeto de que “no sirvan de camuflaje a la minería ilegal y delitos conexos”. Más claro no cantan los gallos, ¿por qué entonces luego se aprueba que la inscripción en el Reinfo sea hereditaria, estableciéndose un trámite especial de sucesiones al margen del Código Civil?

Es evidente que el proceso de formalización a través del Reinfo en los últimos siete años representa un fracaso de principio a fin. Desde la vigencia del Reinfo en 2017 se desarrollaron 90,625 inscripciones, pero solo 2,108 alcanzaron la formalización. Es decir, apenas el 2% de los inscritos logró formalizarse. En la actualidad existen 84,434 inscritos en el Reinfo, de los cuales apenas el 23% está vigente en tanto que un alarmante 77% está en calidad de suspendido. En otras palabras, dos tercios de los registrados están con la inscripción suspendida, pero pueden desarrollar minería ilegal y estar exonerados de las consecuencias penales de la actividad.

Ha comenzado entonces a surgir un peligroso populismo en minería que pretende señalar criterios de “equidad”, de “justicia social” y de “igualdad”, por los que la pequeña minería debe ser más protegida que las grandes concesiones mineras, aquellas que reúnen grandes inversiones, tecnologías de punta y economías de escala para preservar el medio ambiente de una devastación ecológica. 

Nadie niega la importancia y contribución de una pequeña minería formal al desarrollo nacional, tal como sucede en cualquier potencia minera mundial: Australia, Canadá y Chile, entre otros. Sin embargo, imaginar que la minería nacional tiene que basarse en las pequeñas unidades es volver al siglo XIX, cuando la pequeña minería de la revolución industrial destruyó el medio ambiente de las sociedades occidentales; es aceptar que el Estado no recaudaría la riqueza minera como en la actualidad y es poner en peligro el cerca de 1.5 millones de empleos formales –entre directos e indirectos– que se crean en el sector.