Reducir el Estado para bajar impuestos y lanzar reformas

El tamaño del Estado en el Perú es enorme para una economía de ingreso medio que suma más de US$ 260,000 millones. El gobierno central, los gobiernos regionales, los municipios y las empresas públicas consumen alrededor de un tercio del PBI, a través del presupuesto general; sin embargo, el Estado no provee mínimos servicios en seguridad, justicia y ni qué decir en los asuntos de educación, salud e infraestructuras básicas.

¿Cómo explicar esta situación? El Estado se ha burocratizado en extremo multiplicando sobrerregulaciones y procedimientos y, por supuesto, incrementando ministerios, oficinas y el número de empleados públicos. El Estado ha crecido sostenidamente mientras la expansión del PBI se ralentizaba con tasas bajas de expansión que no permiten seguir reduciendo la pobreza, tal como sucedió en la primera década del nuevo milenio.

A pesar de las reformas económicas de los noventa y no obstante el régimen económico establecido en la Constitución Política de 1993, en las últimas dos décadas, los políticos en el Perú llegaron a creer que el Estado era la principal herramienta para distribuir la riqueza y luchar contra la pobreza, en tanto se burocratizaba el Estado “para contener la voracidad empresarial y el ánimo de lucro”. 

Por ejemplo, en el Perú hoy existen 19 ministerios no obstante que diversos estudios señalan que solo necesitamos la mitad. Por ejemplo, ¿cuál es la real función de los despachos de La Mujer, de Medio Ambiente, de Cultura y otros? ¿Acaso no podrían funcionar como direcciones de otros ministerios? Por otro lado, desde el 2013 hasta la fecha el número de empleados públicos ha crecido a un ritmo promedio anual de 2.8% y en el 2023 se había acumulado –en una década– un incremento total de servidores estatales de más del 28%. ¿Por qué crece tanto el Estado y no hay servicios mínimos para la sociedad? Ni siquiera la seguridad ciudadana está garantizada en el Estado adiposo que ha surgido. En la actualidad existen más de un millón y medio de empleados públicos que consumen alrededor del 40% del presupuesto general de la República. Gran parte de ellos representan la herencia progresista, de las izquierdas y del propio Pedro Castillo. 

Es evidente, pues, que el Perú necesita la motosierra que aplicó el presidente Javier Milei para reducir el Estado y cerrar el déficit fiscal en Argentina. Como objetivo general debemos proponernos reducir a la mitad los ministerios, establecer procedimientos simplificados con ventanillas únicas y reducir la presión de la planilla estatal sobre el presupuesto por lo menos a la mitad. Con semejantes recortes el Perú estará en condiciones de desarrollar una reforma tributaria que posibilite bajar las tasas del impuesto a la renta y del IGV y lanzar un audaz shock formalizador de la economía y la sociedad.

En otras palabras, sorprendentemente, la reducción del Estado y la simplificación de los procedimientos estatales son las condiciones de una reforma tributaria que posibilite bajar impuestos y devolver riqueza y recursos a la sociedad para multiplicar las empresas, el crecimiento y generar empleo. A partir de la reforma del Estado y la reforma tributaria será posible lanzar otras reformas estructurales como una reforma laboral que establezca plena flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, la reforma de la educación y del sistema sanitario y un shock de inversiones en infraestructuras para cerrar brechas. 

Para alcanzar el desarrollo no hay grandes recetas que descubrir. Así lo demuestra la experiencia de las sociedades occidentales y el despegue de los llamados Tigres de Asia en el siglo pasado. Y toda la clave parece pasar por entender que únicamente el sector privado y la sociedad son las principales fuentes de prosperidad y de reducción de la pobreza. Para avanzar en ese objetivo se necesita un Estado pequeño, pero eficiente y, sobre todo, instituciones inclusivas que promuevan la multiplicación de los emprendimientos, la inversión y la innovación.

Todas las sociedades que han alcanzado el desarrollo han construido una red institucional que ha fomentado la riqueza. No hay nada que inventar. Y, como todos sabemos, el Estado nunca será el gran creador o distribuidor de la riqueza.