¿Por qué no se aprueba una nueva ley de Promoción Agraria?

En las últimas semanas han surgido ciertas resistencias para aprobarse una nueva ley de promoción agraria que establezca un régimen promocional tributario para fomentar nuevas inversiones y formalizar a los más de 2 millones de minifundistas que conducen el 95% de las tierras agrícolas. Las resistencias se expresaron durante la gestión anterior del Ministerio de Economía de José Arista, quien argumentó que una nueva ley promocional ponía en peligro la trayectoria fiscal en el país. Sin embargo, el nuevo titular del sector respalda el régimen promocional.

El 2023 y el 2024 el Perú no cumplió con las metas fiscales porque el Ejecutivo siguió expandiendo el gasto público, continuó con los perpetuos rescates financieros de Petroperú y también porque la recaudación fiscal descendió. De alguna manera Arista fue el responsable de los malos números y se opuso a una ley que solo pretendía promover inversiones y aumentar la recaudación fiscal, tal como sucedió en las últimas dos décadas de vigencia de la ley de Promoción Agraria (ley 27360), que derogó el gobierno provisional de Sagasti.

Sin embargo, ha surgido una oposición legítima de un sector del país que plantea que aprobar una nueva ley de promoción agraria podría multiplicar las solicitudes de leyes promocionales -como por ejemplo la zona económica de Chancay- y, semejante situación, podría desencadenar demandas mercantilistas de todo tipo y cambiar el actual modelo económico.

Al respecto vale señalar que, a nuestro entender, el único sector en el que se justifica regímenes promocionales tributario y laboral es el sector agrario porque en este sector económico se trabaja con seres vivos (plantas y animales), se enfrenta eventos climáticos que ningún Estado o sistema puede predecir, la rentabilidad se alcanza luego de desarrollar inversiones hidráulicas de largo plazo -sobre todo en las tierras ganadas al desierto- y también porque las economías desarrolladas (Estados Unidos, Europa, las sociedades del Sudeste Asiático y China) tienen políticas de protección de sus sectores agrarios.

No hay nada parecido en la zona económica especial para Chancay, por ejemplo. Las ventajas geográficas de Chancay permiten reducir en alrededor de 20% los costos de conexión del Pacífico con el Asia. Lo que el megapuerto necesita es carreteras, puentes, ferrocarriles, transporte de cabotaje para ser altamente competitivo. En el agro también se necesita relanzar las asociaciones público-privadas para los grandes proyectos hídricos, igualmente, se necesitan infraestructuras de todo tipo, sin embargo, las infraestructuras hídricas en los desiertos para inversiones que alcanzan rentabilidad en un quinquenio o a veces en una década corre siempre a cargo del inversionista privado

De otro lado vale recordar que la ley de Promoción Agraria que derogó el gobierno provisional de Sagasti formaba parte del modelo económico que, en las últimas tres décadas, cuadriplicó el PBI y redujo la pobreza del 60% de la población a 20% antes de la pandemia y del gobierno de Pedro Castillo (ahora se acerca al 30%). El gran debate nacional que existía antes de la derogatoria de la mencionada norma era como generalizar el régimen tributario y laboral del sector agrario a toda la economía nacional para convertir al Perú en un Singapur continental. Si algo así hubiese sucedido, a pesar de todas las crisis políticas, el Perú estaría avanzando hacia el desarrollo.

Sin embargo, hubo una protesta de algunas decenas en la Panamericana Norte y se produjeron muertes lamentables. En ese entonces todas las izquierdas convergieron para derogar la mejor ley económica de la historia republicana que había permitido crear un boom agroexportador en apenas el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura, que multiplicó las agroexportaciones de US$ 651 millones a más de US$ 12,000 millones de la actualidad, que formalizó a más de un millón de trabajadores (entre empleos directos e indirectos) y que redujo pobreza como nunca en las regiones agrarias.

Luego de esa derogatoria hemos retrocedido en el debate: discutimos la urgencia o no de un régimen promocional en el agro en vez de extender los sistemas tributarios y laborales de la derogada Ley 27360 a toda la economía nacional. A veces el progresismo tiene mucha sagacidad y logra hacer retroceder el debate a décadas pasadas.