Petroperú y la amenaza del Estado empresario

La economía nacional se ha frenado en seco luego de la pandemia y del Gobierno destructivo de Pedro Castillo y Perú Libre. La pobreza antes del coronavirus sumaba el 20% de la población y hoy llega al 27.5% (más de nueve millones de peruanos). La devastación causada por las izquierdas es enorme. Asimismo, las proyecciones indican que el 2023 apenas creceremos el 1% y volveremos a aumentar la pobreza.

Sin embargo, si recuperamos predictibilidad política hacia el 2026 y desarrollamos algunas reformas promercado, el Perú, muy rápidamente, puede retomar la senda del crecimiento, la reducción de la pobreza y la expansión del bienestar. A diferencia de otros países de América Latina, tales como Argentina y Bolivia, que requieren reformas estructurales de enorme impacto social, en el Perú solo necesitamos recuperar la buena política para volver a la senda del crecimiento.

En Argentina y Bolivia, por ejemplo, la gran reforma pendiente es cancelar el Estado empresario; es decir, el origen y la fuente de la tragedia económica en ambos países. La existencia del Estado empresario, en el acto, obliga a crear el Estado empleador y, de esta manera, la planilla estatal crece sideralmente y crea enormes déficits fiscales. La necesidad de financiar el gasto del Estado obliga a aumentar la deuda pública y se crean todos los círculos viciosos que desatan la inflación.

En Argentina el gasto estatal sobrepasa el 40% del PBI, la inflación sobrepasa los tres dígitos y la deuda pública representa cerca del 90% del PBI. Además, vale señalar que Argentina no tiene dólares. En Bolivia el déficit está cerca del 10% y la deuda pública representa el 30%; pero considerando la deuda interna, puede representar el 80% del PBI. Igualmente el país del altiplano no tiene dólares y acaba de expropiar las pensiones de los trabajadores.

El Perú no tiene esos problemas porque en los años noventa desarrolló reformas estructurales como la desregulación de mercados y precios, la privatización de empresas estatales y la organización de una macroeconomía responsable bajo la vigilancia del Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas. La clave entonces fue la cancelación del Estado empresario.

Ahora que la economía se ha frenado por la falta de nuevas inversiones que han causado el Gobierno de Castillo y las propuestas de la constituyente y las nacionalizaciones, de alguna manera, en el Ejecutivo se comienza a proponer el regreso del Estado empresario a través de la nacionalización de la política petrolera. Es la única manera de entender la decisión de adjudicación directa –sin licitación internacional– a Petroperú de los lotes petroleros I, VI y Z-69 en el norte del país. Igualmente, así debe entenderse la decisión de continuar sin modificaciones el proyecto de Modernización de la Refinería de Talara que ya le ha costado al país alrededor de US$ 6,000 millones.

La suma de ineficiencias y corrupción ha significado una sangría al fisco nacional que, incluso, podría hacer fracasar los compromisos del Estado de seguir reduciendo el déficit fiscal. Durante el primer semestre de este año, Petroperú registró pérdidas por alrededor de US$ 380 millones. A pesar de esos resultados, la empresa estatal de petróleos ha solicitado la capitalización del apoyo financiero de US$ 750 millones otorgado a la entidad estatal el año pasado. Petroperú, pues, pretende no devolver el crédito. Igualmente se ha solicitado otra línea de crédito de US$ 1,000 millones. Y lo que parece una broma: Petroperú también está exigiendo otro aporte de capital por S/ 5,573 millones. 

Si el Ejecutivo y el Congreso avalan están demandas de Petroperú, un monstruo estatal de ineficiencias, de alguna manera estaremos regresando al Estado empresario que, antes de los noventa, le costó al Perú más de US$ 20,000 millones y una hiperinflación que empobreció a más del 60% de los peruanos.