Perú pierde posición mundial en cobre mientras avanza la minería ilegal

El año pasado dos noticias vinculadas a la minería ilegal comenzaron a ser parte de las regularidades aceptadas por los peruanos: el desplazamiento del Perú como segundo productor mundial de cobre por el Congo y el avance incontenible de la minería ilegal en el Perú. A primera impresión se trata de dos malas noticias sin ninguna conexión; sin embargo, son las dos caras de una misma adversidad.

El Perú fue desplazado del segundo lugar en la producción del metal rojo porque desde la segunda década del nuevo milenio las oenegés anticapitalistas y las izquierdas antimineras paralizaron las inversiones de nuestra cartera minera, mientras se detenían casi todas las exploraciones en recursos naturales. En este contexto, los precios del oro y el cobre continuaron en una curva ascendente y, de pronto, el fracaso de la formalización minera desató espacios para que diversos sectores se propusieran invadir concesiones formales que se explotaban o estaban en exploración. Allí comenzó la explosión de la minería ilegal, bajo el manto protector y promotor del discurso en contra de la minería moderna.

El año pasado se conoció que el reporte Mineral Commodity Summaries, publicado el U. S. Geological Survey (USGS) de los Estados Unidos, establecía que el Perú había sido desplazado por dos años consecutivos de la segunda posición en el mundo en la producción de cobre. El 2024 el Congo había producido 3.3 millones de toneladas de cobre fino (TCF), mientras que el Perú apenas llegaba a las 2.7 millones de TCF. Una diferencia a favor del país africano, pese a que el Perú tiene muchas más reservas de cobre probadas que su competidor.

Mientras se consolidaba la noticia a favor del Congo, el año pasado, el estado de emergencia en la provincia de Pataz se convertía en un saludo a la bandera en la lucha contra la ilegalidad. De esta manera la alianza entre la minería ilegal y el crimen organizado, sobre la supuesta acción del Ejecutivo, del gobierno regional, de las entidades del sistema de justicia, de las fuerzas armadas y de la policía nacional del Perú (PNP), había logrado imponerse: más de 12,000 camiones habían transportado el mineral ilegal robado a las empresas formales en el 2024.

Por otro lado, en la mina Las Bambas, en Apurímac, las invasiones de mineros ilegales habían logrado detener el cronograma de explotación del del tajo Chalcobamba, el segundo tajo del proyecto, en tanto se expandía la minería ilegal en algunas áreas de la concesión de una de las mayores mineras de cobre del planeta. Hoy en el corredor minero del sur se movilizan más de 300 camiones diarios transportando el mineral ilegal.

¿Qué significan estos hechos? Que la relación entre bloqueo de inversiones formales en la minería –tal como viene sucediendo desde la parálisis de los proyectos Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca– y el avance de la minería ilegal es directa. Hoy la minería ilegal no solo se extiende sobre la explotación del oro, sino también se focaliza en el cobre. Y no hay un solo hecho que indique que las cosas vayan a cambiar, considerando que la onza de oro está sobre los US$ 2,500 y el precio de la libra del cobre ha llegado a sobrepasar los US$ 4.

El Perú ahora podría estar creciendo sobre el 5% pese a la crisis política endémica, podría haber reducido la pobreza por debajo del 15% de la población (está en 30%) y estaría disputando el primer lugar en la producción mundial de cobre. Sin embargo, no solo ha cedido el segundo lugar en la producción del metal rojo, sino que, ante el bloqueo de la minería formal, avanza la minería ilegal que, en alianza con el crimen organizado, depreda el medio ambiente, no paga impuestos ni genera empleo formal.