¡Nuevo ataque criminal a minera Poderosa y avanza la minería ilegal!

El 28 de marzo pasado un grupo criminal vinculado a la minería ilegal atacó las instalaciones de Minera Poderosa en la provincia de Pataz, región La Libertad, dejando el saldo de un muerto y 50 trabajadores heridos por el denso humo que produjo la quema de las instalaciones. Sin embargo, dejando en claro que el objetivo es pasar a tomar el control territorial de la zona el grupo criminal utilizó explosivos para derribar una torre de alta tensión, como en las épocas del terrorismo senderista en la década de los ochenta. De esta manera los ataques de la alianza minería ilegal - crimen organizado acumula un total de 18 trabajadores asesinados.

Una de las cosas más sorprendentes de los ataques es que los pistoleros y la violencia se focalizan en las áreas de la concesión minera en donde la minera Poderosa desarrolla contratos de explotación con mineros artesanales. Un total de 291 pequeños mineros participan de esta modalidad que puede crear un modelo de cooperación entre las grandes, medianas y pequeñas unidades de minería.

En cualquier caso, el nuevo ataque a minera Poderosa establece con absoluta claridad la grave amenaza para la minería moderna y formal y el Estado de derecho que representa la minería ilegal en el país. Una amenaza que se revela con todas sus mayúsculas y minúsculas en el hecho de que los ataques violentos del crimen organizado se producen cuando la provincia de Pataz está bajo estado de emergencia. Es decir, la minería ilegal avanza pese al estado de excepción que compromete al Ejecutivo, el gobierno regional de La Libertad, al sistema de justicia, a la policía nacional del Perú (PNP) y a las fuerzas armadas.

El problema de la minería ilegal vinculada al oro no tiene visos de solución si es que el Estado de derecho no se propone recuperar el principio de autoridad en la provincia. Y no hay argumentos ni impedimentos para hacerlo. Únicamente falta voluntad política que, al parecer, se postergará hasta la instalación del nuevo gobierno en el 2026.

Sin embargo, cualquier decisión postergada puede ser de extrema gravedad porque el avance de la minería ilegal puede acumular un problema nacional difícil de controlar. Diversas aproximaciones sostienen que la minería ilegal moviliza más de US$ 6,000 millones y representa más del 50% del dinero de las economías ilegales, entre ellas el narcotráfico, la trata de personas, la tala ilegal, entre otras. Y no hay nada que indique que el asunto vaya a disminuir sin la decisión de recuperar el Estado de derecho en las zonas mineras. El precio de la onza de oro sobrepasa los US$ 2000 y sigue cuesta arriba.

Asimismo, el panorama se agrava cuando se repara que la minería ilegal en cobre también se ha disparado en el corredor vial del sur –área en donde se produce cerca del 40% del cobre nacional– afectando las operaciones mineras de talla mundial. ¿Cómo así? A través de la destrucción general del medio ambiente mediante un proceso de lixiviación artesanal en que se utiliza ácido sulfúrico y chatarra de acero con el objeto de procesar el mineral extraído y obtener una tierra que contiene alrededor de 70% en cobre que se vende a algunas plantas de beneficio que toleran actividades ilegales. Los restos de la lixiviación se arrojan a la superficie y los ríos destruyendo el medio ambiente por años y décadas.

Si al mercurio que se utiliza para las actividades de la minería ilegal –que contamina cerca de 22 ríos en siete regiones– le sumamos los restos de la lixiviación artesanal del cobre, entonces tenemos el medio ambiente de nuestra sociedad amenaza por décadas, actividades mineras que no pagan impuestos, que no generan empleo ni se convierten en factores de reducción. Una amenaza que puede erosionarlo todo.

En cualquier caso, los políticos y el Estado tienen la palabra.