Luego de Pataz, ¿acaso el corredor minero del sur sin ley ni orden?

La violencia y la muerte que desató la minería ilegal en la provincia de Pataz, en la región La Libertad ,revela con absoluta claridad lo que puede suceder cuando el Estado abdica en su función de defender el Estado de derecho, la Constitución y el imperio de la ley. En un principio se cree que las cosas no van para mayores hasta que todo el andamiaje estatal y constitucional es desafiado y la violencia revela que se ha instalado en una zona liberada de la autoridad democrática.

Algo parecido puede suceder en otras regiones; como el corredor minero del sur, en donde se produce el 40% del cobre nacional y en donde la minería ilegal de cobre ha invadido y ha asaltado a las concesiones mineras formales. Planteadas las cosas así, es necesario poner extrema atención a los nuevos bloqueos y violencia que se ejerce en contra de la minera Las Bambas en Apurímac, que aporta más de dos tercios de los ingresos de los gobiernos subnacionales en la señalada región. Desde el 28 de abril pasado el presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba, Edison Vargas Huamanga, está liderando y promoviendo un bloqueo de la carretera con el objeto de evitar el ingreso y salida de Las Bambas. De esta manera se paraliza el transporte de la minera y de sus contratistas. 

Sin embargo, no solo se trata de bloqueos, sino que se ejerce violencia mediante el uso de huaracas y piedras en contra de los vehículos de transporte, actos mediante los cuales se ha herido a siete agentes de seguridad y a un efectivo policial. Las acciones en contra de Las Bambas pretenden justificarse por un supuesto conflicto de tierras vinculado a 40 hectáreas del sector Tamboccasa. Sin embargo, el predio que se cuestiona a la minera forma parte del predio Chuicuni, que históricamente perteneció a la familia Cruz Portocarrero. Nunca estuvo en el territorio comunal de Fuerabamba, ni nunca estuvo en posesión de la comunidad. 

Por otro lado, la Subgerencia de Saneamiento Físico Legal del Gobierno Regional de Apurímac, mediante un informe técnico del 14 de mayo del 2025, ha establecido que la comunidad campesina de Fuerabamba ha permutado la totalidad de su territorio por 4,774 hectáreas y no hay remanentes. El único propietario legal, entonces, es la minera Las Bambas. Asimismo, la Subprefectura distrital de Challhuahuacho, a través de un oficio del 15 de mayo del 2025, también sostiene que la comunidad de Fuerabamba no tiene derecho a ningún remanente luego de la permuta. De allí que exhortó a deponer de inmediato cualquier acción de fuerza en Manantiales (lugar del conflicto) y en cualquier otro sector del distrito.

¿Cómo explicar la conducta de algunos dirigentes de la comunidad de Fuerabamba? En la mencionada comunidad existen cuestionamientos al supuesto uso indebido de US$ 18.9 millones entregados por la minera Las Bambas. En este contexto, se pretendería crear un supuesto conflicto para desviar la atención de los pobladores y evitar que avance el trabajo de una comisión encargada de investigar la malversación de fondos. El asunto es tan evidente que pobladores de Challhuahuacho han marchado en contra de la violencia en contra de Las Bambas.

Las cosas están claras entonces. Si las instituciones del Estado de derecho, llámase Ministerio Público, Poder Judicial y la policía nacional del Perú (PNP) no asumen las responsabilidades que les otorga la Constitución y la ley con respecto a quienes violan los derechos de las personas y empresas –entre ellas los derechos de propiedad–, entonces el mensaje será evidente: todos pueden hacer lo que le plazca en el corredor minero del sur, tal como sucede con los mineros ilegales que prosperan a vista y paciencia de todas las entidades del Estado de derecho. La violencia en contra de la minera Las Bambas, pues, forma parte de ese libreto.