La lucha contra la informalidad es, sobre todo, una decisión política

El Perú es una sociedad de ingreso medio con niveles de informalidad que no corresponden a su PBI o desarrollo de la economía. En términos generales las aproximaciones económicas señalan que alrededor del 60% de la economía y la sociedad participa de algún nivel de informalidad; en tanto que en el mundo laboral, según cifras de la propia Organización Internacional del Trabajo, más del 75% de los empleos están en situación de extralegalidad. De alguna manera, pues, el crecimiento de la economía y la reducción de pobreza de las últimas décadas no se pueden desligar del fenómeno de la informalidad.

Vale señalar que, considerando los datos de la realidad, existe una relación directa entre volumen de pobreza e informalidad. Por ejemplo, en las regiones más pobres del Perú –tales como Puno, Cajamarca, Huánuco, Ayacucho y Huancavelica– el tamaño de la informalidad fluctúa entre el 70% y el 90% de las economías regionales. A más pobreza mayor informalidad, parece ser una regularidad.

Ante semejante fenómeno, que abarca a todo el país, existen infinidad de interpretaciones. Una de ellas nos señala que a más capitalismo, más crecimiento y menos informalidad. Otra precisa que se requieren reformas legales e institucionales para formalizar el país. Todo indica que ambas propuestas en realidad forman parte de una sola interpretación, porque no parece posible que exista más capitalismo en el Perú con la extrema burocratización del Estado, y tampoco que sea posible una reforma legal o simplificación de los trámites del Estado sin el avance del propio capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo significa restarle poder al Estado, al burócrata, y poner el sistema estatal al servicio de la sociedad, los ciudadanos y el sector privado, tal como sucede en cualquier sociedad desarrollada.

Planteadas las cosas así, debemos señalar que la principal fuente de informalidad y pobreza hoy es el Estado disfuncional, que se ha convertido en una gigantesca muralla en contra de la sociedad y la inversión privada. Cualquiera sea el ángulo o el sector que se analice, siempre encontraremos la responsabilidad de un Estado que, considerando los tres niveles de gobierno y las empresas públicas, consume más del 25% del PBI nacional, que suma más de US$ 200,000 millones.

Por ejemplo, más del 85% del tejido empresarial del país está constituido por micro y pequeñas empresas que trabajan en informalidad porque los sistemas tributarios y laborales del país están redactados de espaldas a la realidad de los mercados emergentes. Igualmente, la minería aporta en canon regional más de S/ 12,000 millones; sin embargo, casi todas las áreas mineras están caracterizadas por falta de carreteras, postas médicas, escuelas y sistemas de agua y desagüe. El Estado, pues, indiscutiblemente es el origen de la informalidad y de la pobreza.

¿Por qué razón el Estado se burocratizó en extremo? Todo está regulado para establecer procedimientos innecesarios y empoderar al burócrata. La única explicación de esta situación es que la cultura en el Perú se volvió anticapitalista mientras se desarrollaba una revolución capitalista. ¿Qué pretendemos decir? Que la cultura y los sentidos comunes de la sociedad –por las campañas de las corrientes comunistas y progresistas– se dedicaron a demonizar a las empresas y al capitalismo, como si fueran la fuente de todos los males y problemas de la sociedad. Si por allí va la cultura dominante, entonces se deben incrementar las regulaciones para contener “la maldad del empresario y del capital”. La consecuencia natural: el empoderamiento del burócrata y la burocratización del Estado.

Ante semejante situación solo cabe invertir el orden de cosas: debemos poner al Estado al servicio de la sociedad, de los ciudadanos y la inversión privada. Es decir, invertir el orden de los razonamientos para que el Estado no se convierta en la primera fuente de informalidad y pobreza. Y una inversión de este tipo requiere una enorme decisión en la clase política, en el Ejecutivo, el Congreso y en todos los actores del espacio público. ¡Se necesita, entonces, decisión política!