La deuda en infraestructura

AFIN y U. del Pacífico actualizan valor del déficit de infraestructura

La Asociación de Fomento de la Infraestructura (AFIN) acaba de publicar un estudio que actualiza la brecha de infraestructura del Perú en US$159,000 millones con respecto a la cifra US$ 88,000 millones establecida en un estudio del 2012 de la misma asociación. Sin embargo vale precisar que si se concretan los proyectos de inversión aprobados en los últimos años por unos US$66,000 millones, hoy retrasados por la pobre gestión del estado, el déficit en infraestructura se reduciría significativamente.

Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, ha precisado que el estudio de este año ha sido realizado por la Universidad del Pacífico aplicando un nuevo modelo econométrico.

La brecha es un cálculo de las necesidades de infraestructura del país no cubiertas y diversas metas para estimular las políticas públicas. La primera meta fijada por el nuevo estudio es alcanzar en el 2021 el nivel de infraestructura de los otros países de la Alianza del Pacífico y, la segunda, igualar el nivel de los países asiáticos modernos como China, Singapur, Corea del Sur y Japón y de los de la OCDE, en el 2025.

Actualmente estamos en el último lugar en la Alianza del Pacífico y muy lejos de los estándares de los países asiáticos, pero según el estudio se puede alcanzar esos objetivos reimpulsando la iniciativa privada y, principalmente, mejorando la capacidad de gestión del Estado. ¿Por qué es crucial ésta?

Porque de la calidad de los proyectos que el Estado concursa entre los privados dependen la celeridad y transparencia con que se ejecuten. Hoy los proyectos se demoran mucho o terminan costando mucho más -lo que genera suspicacias- porque son mal diseñados por la burocracia. Por ejemplo, si se tratara de un edificio, al estar mal hecho el proyecto, durante la construcción se descubriría que faltan fierros, por lo tanto, el costo se elevaría y habría que hacer adendas al contrato. Esto explica por qué hay contratos de infraestructura que contienen varias adendas que demandan largas y tortuosas negociaciones.

¿Cómo superar este problema? Hay al parecer dos opciones. La primera sería fortalecer Proinversión, dotándolo de más especialistas en proyectos que mejoren éstos para que no sea necesario incluir adendas. Sin embargo, el fortalecimiento de Proinversión podría tardar demasiado o truncarse por razones políticas.

La segunda opción sería contratar a bancos de inversión para que desarrollen los proyectos, lo cual es costoso, pero a la postre podría ser menos oneroso que el costo económico y social del retraso de las obras y el costo político de enfrentar acusaciones de supuesta corrupción por firmar adendas. Tercerizar los proyectos podría garantizar su calidad y aminorar así el riesgo de hacer adendas, con lo cual su ejecución sería mucho más rápida.

El Perú necesita una política agresiva de desarrollo de infraestructura para asegurar su desarrollo económico y, al parecer, existe un consenso al respecto, pero falta claridad política para avanzar decididamente en esa dirección. Según el Foro Económico Mundial (WEF) nuestra país ocupa hoy el puesto 89 en infraestructura entre 140 países, por debajo de México, Chile y Colombia.

El último estudio de AFIN indica que para cubrir la brecha en el período 2016-2025 se necesita una inversión promedio anual del 8.27% del PBI, equivalente a US$15,955 millones anuales, monto que el estado jamás podría asumir. De allí la urgencia de recurrir a la inversión privada y de mejorar la gestión de los proyectos.

La pobre gestión estatal también explica la demora en la ejecución de de la cartera de 17 proyectos de inversión suscritos bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), que a octubre último sumaron un total de US$5,000 millones.

Gonzalo Prialé rescata que en el Estado se está tomando conciencia del problema y ahora se está calculado seriamente las brechas sectoriales, que ya son creíbles. Por ejemplo, Salud se ha fijado un déficit de US$20,000 millones y en Educación de US$5,000 millones solo para nueva infraestructura, es decir sin incluir la remodelación de unos 15 mil colegios que están hoy casi en ruinas.

Prialé también ha afirmado que percibe una voluntad política de asumir el desafío en infraestructura a estas alturas del gobierno y ha puesto como ejemplo el caso del tren de Lima: la Línea 2 está en construcción, la 3 ya está en estudio y la 4 será concursada el 2016. Y resalta además que ya se proyecta la carretera longitudinal de la sierra en cinco tramos.

La voluntad está allí al parecer, es una buena noticia, pero el realismo nos dice que hace falta mucho más que eso para alcanzar los objetivos del país en infraestructura.