La batalla contra la minería ilegal y la fábula de las concesiones ociosas

En el Perú algunos sectores políticos y actores de la vida pública creen que es posible tolerar el avance y la continuidad de la minería ilegal, mientras se declara la adhesión al Estado de derecho y la economía de mercado. Se trata de una contradicción insalvable.

La continuidad de la minería ilegal en el Perú solo será posible si se destruye el sistema de propiedad en minería que, en las últimas tres décadas, le ha permitido a la sociedad captar más de US$ 60,000 millones en inversiones y generar cerca de dos millones de empleos, entre directos e indirectos. Por otro lado, sin la minería moderna no se explicaría los enormes avances sociales alcanzados en la descentralización y capitalización de algunas regiones como Moquegua y Arequipa, y la impresionante reducción de pobreza que se ha producido en algunas regiones altoandinas. Por ejemplo, en Apurímac la pobreza se sitúa en el 24% de la población, en tanto que este flagelo afecta a más de 45% en Cajamarca. La diferencia está en que en la primera región se alienta la inversión minera y en la segunda se bloquearon estos emprendimientos.

La minería moderna y el sistema de propiedad de minería entonces han sido una de las columnas centrales del modelo. Ese sistema de propiedad en minería hoy está amenazado por el avance de la minería ilegal y los nuevos relatos y narrativas que pretenden justificar este flagelo. 

La teoría acerca de que en el Perú existirían “concesiones ociosas o un puñado de acaparadores de concesiones” que impiden la minería de los pequeños, de los mineros ancestrales, forma parte de estas peligrosas fábulas en contra del Estado de derecho. ¿Por qué? Porque en el Perú si una concesión no se explota el concesionario debe pagar penalidades progresivas por cada hectárea que, inevitablemente, llevan a la caducidad del derecho.

La fábula de las concesiones ociosas se plantea con otros objetivos. La mayoría de los problemas y enfrentamientos con la minería ilegal se produce por el asalto y la invasión de las reservas probadas de mineral que se han conseguido las concesiones formales. ¿A qué nos referimos? Las concesiones formales para operar suelen titulizar toda la extensión del derecho minero con el objeto de conseguir financiamiento en el sistema financiero internacional (entre US$ 1200 millones y US$ 10,000 millones) y comenzar la operación en la mina. Luego de conseguido el financiamiento empieza la explotación de las reservas probadas para pagar la obligación internacional, mientras se desarrolla una frenética labor de exploración en el resto de la concesión. El objetivo: ampliar las reservas probadas del mineral y alargar la vida útil de la mina. En otras palabras, generar rentabilidad para el proyecto.

Con está lógica del sistema moderno de propiedad en minería –que se aplica en Canadá, Australia, Chile y otras potencias mineras del planeta– gana el Perú, aumentando sus reservas en cobre, oro, plata, zinc, entre otros, y gana la sociedad y el proceso de reducción de pobreza.

Sucede que en el 10% de esas reservas probadas de las concesiones formales, conseguidas luego de años de trabajo en exploraciones, se han producido las invasiones y los asaltos de los mineros ilegales, sobre todo en las minas de cobre del corredor minero del sur y la provincia de Pataz ,en La Libertad. Las narrativas a favor de la minería ilegal entonces hablan de las concesiones ociosas en las áreas de las concesiones formales exploradas. Los ejemplos abundan.

¿Qué sucedería si se aprobara la fábula de las concesiones ociosas? En el acto se alentaría las invasiones de minas, tal como sucedió en el siglo pasado cuando las izquierdas antisistema alentaban las tomas de tierras antes de perpetrarse las expropiaciones velasquistas. Y evidentemente todos los logros económicos y sociales y el Estado de derecho se derrumbarían.