Jerí y la crisis política perpetua que se puede llevar todo

Es evidente que un posible relevo de José Jerí de la presidencia de la República representará el fracaso total de la política y de los políticos antes del cambio del nuevo gobierno y la instalación del Congreso bicameral. Representará un período en que las instituciones sobrevivieron a pesar de la política, en el que la economía, los mercados y la inversión privada continuaron a pesar de los despropósitos de los políticos.

En este contexto, imaginar que las cosas continúen a partir del 2026 bajo estas premisas es prever la posibilidad de una democracia fallida, de una república inviable que, finalmente, termine arrasando con la continuidad del modelo económico, los mercados y la inversión privada. Planteadas las cosas así no es exagerado sostener que la economía y la inversión privada se han convertido en las columnas que sostienen a la peruanidad a pesar de la acción de los políticos. Si no hubiese existido el régimen económico de la Constitución y el nuevo empresariado nacional (más allá de la formalidad y la informalidad) el Perú hoy estaría derrumbado.

Es evidente que el fracaso de la política peruana se debe a una crisis estructural. Luego del fin del gobierno de Alberto Fujimori, a inicios del 2000, el Perú no tuvo grandes acuerdos y convergencias para construir el futuro. Es más, nacieron varias guerras que ahogaron la política, sobre todo por la acción de las izquierdas. 

Un primer enfrentamiento se desarrolló alrededor del pacto constitucional, cuando las izquierdas cuestionaron la legitimidad de la Constitución de 1993 e, incluso, el presidente Ollanta Humala juró en nombre de la Constitución de 1979. A partir de allí las izquierdas antisistema se empatarían con las estrategias leninistas de la conocida asamblea constituyente. El otro gran escenario de guerra política fue la polarización fujimoristas versus antifujimoristas, luego del informe de la Comisión de la Verdad que convirtió la política peruana en escenario de sucesivas batallas hasta la elección de Pedro Castillo.

En este contexto, la influencia de las izquierdas progresistas en la reforma electoral promovió la fragmentación de los partidos y la balcanización de las bancadas legislativas. Los clásicos partidos fueron reemplazados por empresarios con voluntad política y surgieron caudillos y personalidades de aquí para allá. Cualquier viso de institucionalidad partidaria desapareció y solo quedaron las personas. 

La falta de un pacto político constitucional impulsó a las izquierdas –sobre todo a través de la influencia cultural y el dominio de las narrativas– a crear ministerios y oficinas, y a multiplicar las sobrerregulaciones con el objeto de burocratizar el Estado y contener la creatividad y potencia de los mercados en la sociedad. De esta manera el Estado se socializó, se burocratizó, mientras el régimen económico de la Constitución preservó la autonomía del BCR, evitó la creación de empresas estatales y preservó la desregulación de precios y mercados. 

Y he allí el resultado: una economía que crece, pero que no alcanza para el desarrollo, y una política que lo destruye todo, en la que la corrupción se generaliza porque no hay instituciones, no hay partidos ni colectividades.

El escenario en que se suceden ocho jefes de Estado cuando solo debe haber dos es el resultado de las guerras políticas e ideológicas que desarrolló la izquierda, pero también demuestra la incapacidad de las derechas de reformarse ideológica, política y culturalmente. La única esperanza para superar este estado de cosas es que los peruanos elijan bien el 2026 y se organice una situación política e institucional constructiva, en la que se discuta y se promuevan las reformas urgentes que necesita el Perú.

En el actual curso de la campaña electoral ningún candidato ha profundizado en sus propuestas y programas. No hay mejor expresión del fracaso de la política.