¿Hasta cuándo una legislación laboral velasquista en el agro?

Luego de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) se aprobó una nueva norma, la Ley 31110, que pretendió socializar a las empresas agrarias modernas a través de la legislación laboral, siguiendo el hilo del relato marxista que sostiene que el empresario burgués construye la riqueza a través de la explotación del trabajador. Y reeditando también el modelo velasquista que empobreció a toda la agricultura nacional. Con ese objetivo la norma colectivista eliminó el régimen de flexibilidad laboral.

La mencionada norma aprobó el Bono Especial para el Trabajador Agrario (BETA) que establecía una bonificación del 30% de la remuneración mínima vital sobre la remuneración del sector, además de promover la contratación preferencial de los trabajadores previos, fomentar la creación de sindicatos y la negociación por rama. En otras palabras, se eliminaba de plano el régimen de flexibilidad laboral que había producido el mayor proceso de formalización del empleo en las últimas décadas.

Si bien el Congreso ha aprobado –la única ley pro-inversión privada de este periodo– un régimen tributario promocional para multiplicar las inversiones y la reinversión en el sector agrario el régimen laboral socialista continúa en el sector.

Vale recordar algunas cifras que ilustran cómo el régimen de flexibilidad laboral que establecía la Ley 27360 –ahora derogada– promovía la prosperidad y bienestar de los trabajadores. En el 2004 se registraba 460,000 empleos formales, entre directos e indirectos, vinculados al sector agrario. El régimen de flexibilidad laboral estaba vigente desde unos años atrás. Dos décadas después, antes de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, se contabilizaban 1.5 millones de empleos formales.

Pero eso no era todo. La pobreza en las regiones agrarias había bajado más de la mitad que el promedio nacional (hoy por ejemplo la pobreza suma 27% de la población y en Ica este flagelo afecta al 6%) y la prosperidad de las ciudades de la costa norte –vinculadas al boom agrario– era incuestionable.

Todo eso se ha detenido con el intento de colectivización que promovieron las izquierdas con la derogatoria del régimen de flexibilidad laboral. Hoy se pierden entre 80,000 y 100,000 empleos mensuales en el sector.

El régimen de flexibilidad laboral de la ley derogada era una norma abiertamente pro-empleo. Es decir, fomentaba la contratación masiva de mano de obra formal antes que la mecanización de las empresas agrarias modernas. Se conoce que determinadas compañías llegaban a contratar entre 15,000 y 20,000 trabajadores por temporada, con todos los beneficios sociales reconocidos (sistema previsional y salud). Bajo esta lógica las empresas destinaban entre el 50% y el 60% del total de los costos a la contratación formal de trabajadores. De allí la evidente prosperidad que desató el régimen laboral de la norma derogada.

Sin embargo, con el BETA los costos de las empresas agrarias se volvieron inmanejables. Agregar el 30% de la remuneración mínima vital a los costos totales, inevitablemente, empuja a la informalidad a las pequeñas empresas agroexportadoras y las más grandes apuntan a la compra de maquinaria y tecnología para suplir el incremento de los costos.

En cualquier caso, como siempre suele suceder con las recetas de la izquierda y el progresismo en general, los más afectados son los trabajadores y la lucha contra la pobreza en general.

El Congreso ha dado un paso importante en la aprobación del régimen tributario promocional para el agro. Sin embargo, el proyecto o el sueño agroexportador del Perú –que al lado de la minería, el turismo y la pesca– requiere un régimen de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, tal como sucede en todas las sociedades desarrolladas que han alcanzado el pleno empleo. Y tal como acaece en los mercados populares y emergentes del Perú en donde las pequeñas empresas se refugian en la informalidad ante las leyes colectivistas en el trabajo.

Los avances pasados del empleo formal en el agro nos revelan que la flexibilidad laboral es la clave de la gran reforma laboral de toda la economía nacional.