Frente a la guerra comercial, ¡reforma laboral ya!

Una de las maneras de incrementar la productividad y la competitividad de nuestra economía ante la guerra mundial comercial en curso es acabando con el Estado burocrático, las sobrerregulaciones y desarrollando reformas de fondo. Una de ellas, de enorme impacto, será la reforma laboral.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 75% de los empleos en el Perú son informales y, por lo tanto, dos tercios de los trabajadores carecen de un seguro de salud y de cualquier sistema previsional. En la explicación de la informalidad de la mayoría de los trabajadores existen muchas razones. Por ejemplo, la burocratización del Estado, a través de sus innumerables trámites, licencias y oficinas, es una causa de la informalidad de los negocios: todo se prolonga demasiado y cuesta muy caro. Igualmente, el sistema tributario es otra de las explicaciones de la alta informalidad laboral: las tasas son altas y los sistemas de pagos de impuestos muy complicados.

Algo más. Algunos economistas sostienen que una de las causas de la informalidad laboral es la baja productividad de las empresas peruanas. Por ejemplo, considerando que la economía peruana es una de ingreso medio, solo existe un pequeño grupo de grandes empresas rodeadas por cerca del 90% de pequeñas y microempresas. En el medio no hay medianas empresas, como sucede en cualquier economía igual a la nuestra.

Explicaciones más, explicaciones menos, lo cierto es que el Perú es uno de los países más informales de la región y con uno de los porcentajes de trabajadores más altos en situación de extralegalidad. Semejante estado de cosas también es una de las explicaciones de las bajas tasas de crecimiento de la economía y de la mediocridad económica y social en que el Perú está empantanado.

Sin embargo, hay una clave de esta situación: la falta de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, una de las condiciones claves para incrementar la productividad de las empresas y la economía en general. ¿Por qué? En una economía de mercado, un puesto de trabajo y el salario respectivo dependen de la rentabilidad de la empresa privada. No pueden depender de otro factor. En las empresas estatales la estabilidad y el salario de un trabajador puede explicarse por razones políticas, de clientela, electorales o, simplemente, de políticas públicas. Para que las empresas privadas prosperen, como sucede en los países desarrollados, la posibilidad de la estabilidad laboral es un oxímoron: colisiona directamente con la naturaleza privada de la empresa que depende de la rentabilidad y la productividad en la economía.

Si una empresa estatal mantiene estabilidad laboral y salarios fuera del mercado no quiebra, no desaparece, solo contribuye a aumentar el déficit fiscal. En el caso de una empresa privada si hay estabilidad laboral y salarios fuera del mercado, simplemente, quiebra y desaparece. Allí reside toda la dialéctica de la flexibilidad laboral en los contratos.

En el Perú, durante el año 2001, el Tribunal Constitucional estableció que los trabajadores despedidos tenían derecho a la reposición en el puesto de trabajo antes que la correspondiente indemnización. De esta manera se empezó a construir un sistema de estabilidad laboral relativo que tiene que ver con la alta informalidad que existe en el mercado de trabajo.

Desde esa fecha la legislación laboral solo ha declarado derechos sociales y beneficios de los trabajadores al margen de la rentabilidad y la situación de las empresas y, según diversos rankings en el mundo, la legislación laboral nacional se ha convertido en una de las diez más sobrerreguladas en el planeta.

Una de las paradojas más llamativas de esta situación es que los trabajadores de los países que declaran derechos y beneficios laborales de aquí para allá –como los estados de la región– suelen emigrar y viajar a los países que no declaran derechos y reconocen la plena flexibilidad laboral en los contratos de trabajo. Todos los latinoamericanos quieren emigrar y trabajar en los Estados Unidos, por ejemplo, en donde no se declaran derechos.