¡En peligro las inversiones privadas en carreteras!

La aprobación, por insistencia, en el Congreso de la República de la ley que suspende el cobro de peajes en todo el país (Ley N° 31018) es una seria amenaza al ordenamiento jurídico y a las vigas del modelo económico que permitió reducir la pobreza como jamás en la historia de la República. Y aunque la promulgada ley solo tendrá vigencia durante el estado de emergencia nacional, con su aprobación se inicia la liquidación de las inversiones privada en carreteras. Todo esto cuando se aproxima una recesión que se tragará más del 12% del PBI, desaparecerá más de dos millones de empleos en las ciudades y sumará –por lo menos– tres millones de peruanos más a los seis millones que padecen pobreza. Increíble.

Según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) el gran riesgo es que  la falta de seguridad jurídica –al aprobarse esta ley por el Parlamento– podría ocasionar que las principales entidades financieras  (los bancos) suspendan los financiamiento de créditos para los proyectos de inversión en carreteras. ¿Por qué? Sencillo, la ley en ciernes ha generado el temor de que las empresas concesionarias incumplan con el cronograma de pagos al no poder cobrar peajes.

Señalan los autores de la ley que la suspensión del cobro del peaje se realiza “con el objeto de evitar el contacto con los usuarios”. Semejante finalidad no tiene pies ni cabeza, porque se podía prohibir que el cobro se realice de forma manual y que el concesionario genere otros mecanismos de cobro. Hoy, con la ya aprobada ley, el resultado inmediato es que está en veremos el mantenimiento de más de 3,000 kilómetros de carreteras.

Como se sabe, desde el Ejecutivo se ha lanzado un ambicioso plan para la reactivación económica, en el que se ha considerado la ejecución de numerosas inversiones que necesitarán de los créditos bancarios. En esta reactivación económica uno de los principales pilares es el sector privado. La pregunta es ¿qué empresario podría aventurarse a invertir en la construcción de carreteras o vías de transportes si el propio Congreso se zurra en el ordenamiento jurídico? No obstante, ¿a quiénes beneficia directamente el no cobro de los peajes? Sin duda, esta ley beneficia a las grandes empresas de transporte de carga, que han mantenido el cobro de los fletes y han trasladado el costo de los peajes a los usuarios; es decir,  a los ciudadanos.

Actualmente estamos ante una competencia absurda entre el Ejecutivo y el Parlamento para ganarse el apoyo popular con la aprobación de propuestas, normas y leyes irresponsables y populistas. El Ejecutivo, por ejemplo, acaba de dictar una norma que obliga a los centros privados de educación –básica y superior– a informar sobre sus “costos fijos y variables” para rebajar pensiones y negociar con los usuarios. Además ha utilizado el desabastecimiento de medicinas genéricas para demonizar a las farmacias privadas y, con ello, ir hacia una propuesta de control de precios.  

Todo indica que un sector del Gobierno y los populistas de siempre miran con agrado que se desmonten los pilares claves del modelo económico que –hasta antes de la pandemia– había posibilitado reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20%, y triplicar el PBI. Esta ley irresponsable y populista va directamente en ese sentido.