El relato y la batalla para convertir al Perú en potencia agroexportadora

A pesar de que durante las dos décadas de vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) se demostró que esa norma era la mejor ley económica de la historia republicana, una acción violenta de unas decenas de radicales en la Panamericana Sur y la voluntad estatista del gobierno provisional de Sagasti, posibilitaron la derogatoria de la señalada norma. 

No obstante también que en apenas el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura (alrededor de 250,000 hectáreas), se convocaron US$ 20,000 millones en inversiones y las agroexportaciones se incrementaron de US$ 651 millones a más de US$ 12,000 millones de la actualidad; que el empleo formal aumentó de 460,000 entre directos e indirectos en el 2004 a más de un millón en la actualidad y que la pobreza en las regiones agrarias bajó muy por debajo de la media nacional, el sistema político aceptó la derogatoria de la ley 27360, una norma que permitía que las agroexportaciones se expandieran a más de 10% anual, tasas parecidas o superiores al crecimiento chino de las primeras décadas.

¿Cómo se llegó a la barbarie de derogar una ley que multiplicaba empleo formal y reducía pobreza y que diversificaba la economía nacional como nunca había sucedido en la historia? La explicación está en el relato, la fábula, la guerra cultural que amplifican los medios de comunicación y coloniza las mentes de los políticos. En la medida que la ley de Promoción Agraria establecía un régimen tributario promocional y un sistema de flexibilidad laboral en los contratos, las izquierdas y los progresistas apuntaron a derribar una norma que había posibilitado el regreso de los capitales al campo luego de la estatización y el empobrecimiento velasquista.

Como la izquierda es la gran fabuladora del país, emergió el relato acerca de que la Ley de Promoción de Agraria era proempresarial, que desprotegía a los trabajadores por la falta de estabilidad laboral y sindicatos; y que, incluso, atentaba contra la recaudación fiscal por el régimen tributario especial. Con gran vocación empresarial la izquierda identificó a los potenciales competidores de las agroexportaciones nacionales, y entonces algunas oenegés recibieron fondos de los sectores empresariales del norte o quizá de un país vecino que busca que el Perú no se convierta en una potencia mundial agroexportadora.

En ese contexto, comenzaron los informes, los papers y los seminarios de las oenegés que pretendían desvelar las supuestas injusticias. Poco a poco los medios de comunicación tradicionales, que no producen la guerra cultural, sino que la rebotan y amplifican de acuerdo cómo avance la guerra de las ideas; y los políticos que suelen ser influenciados por estas narrativas, se prepararon, sin ser demasiado conscientes, a aceptar la derogatoria de las mejores leyes de la historia nacional. He allí la importancia del relato, de la narrativa, una importancia que, en las democracias, se convierte en superlativa y es determinante.

Antes de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria el Perú discutía la necesidad de ampliar el régimen tributario y el régimen laboral de la ley 27360 a toda la economía con el objeto de convertir al Perú en una potencia mundial en la región, en un verdadero Puma latinoamericano. La Ley de Promoción Agraria era la vitrina en que mirábamos los aciertos y errores de las políticas públicas y, poco a poco, se iba construyendo un consenso para extender sus beneficios a toda la economía nacional y producir un verdadero shock tributario.

No sucedió así porque la izquierda, una vez más, ganó la batalla cultural e impuso las narrativas. Hasta ahora en el Congreso hay dudas sobre si aprobar el nuevo proyecto de ley de promoción agraria que solo se circunscribe al tema tributario.

La narrativa, pues, puede ser todo en las democracias y las sociedades abiertas cuando de políticas públicas se trata.