El peligro de establecer un Reinfo permanente

El Congreso acaba de aprobar la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo, del sector Energía y Minas) hasta el 2026. Ya no se ampliará el señalado registro por dos años y, por otro lado, los 50,000 excluidos por mantener hasta cuatro años de suspensión en sus inscripciones ya no regresarán a formar parte del Reinfo. Y de alguna manera, el fallido proceso de formalización minera en el Perú de la última década dependerá de la aprobación de una nueva ley Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape) que deberá aprobar el Legislativo.

La ampliación de un año de vigencia del Reinfo ha sido aprobada en primera votación y deberá ser confirmada en una segunda. Sin embargo, el debate de fondo continúa y la extrema tolerancia de algunas bancadas del Legislativo frente a la minería ilegal persiste y genera preocupación.

No es exagerado sostener que las fuerzas antisistema de la política y la sociedad que, junto a algunas oenegés anticapitalistas, solían organizar los relatos y las movilizaciones en contra de las inversiones de la minería moderna en el país hoy toleran y promueven el avance de la minería ilegal. Y en ese objetivo está la estrategia de convertir al Reinfo en un registro de formalización permanente. La idea de la formalización minera por su propia naturaleza siempre alude a lo transitorio. No obstante, a través de las sucesivas ampliaciones, el Reinfo se ha convertido en uno permanente.

La inscripción en el Reinfo, el acto, exonera al invasor de una concesión minera formal de todas las sanciones penales que establece la ley por el delito de minería ilegal. Es decir, por desarrollar minería en concesiones en explotación y exploración, por desarrollar actividad minera en zonas y parques reservados o áreas con protección especial para la flora y la fauna. Sin embargo, el único que viola un derecho de propiedad o asalta una concesión minera formal que tiene un relato social a su favor, una narrativa que pretende protegerlo, es el minero ilegal que viola derechos de propiedad de empresas formales que invierten y trabajan años para ampliar las reservas probadas del mineral. Así sucede en el corredor minero del sur en donde se emplazan las empresas que producen el 40% del cobre nacional y también en la provincia de Pataz en La Libertad.

Ese relato que pretende proteger al minero ilegal, al delito, con un ropaje social, señala que existen “concesiones mineras ociosas” bajo cargo de especuladores. En otras palabras, un grupo de acaparadores, con ciertos contactos en el Estado, supuestamente se habría apoderado de la mayoría de las concesiones. Sin embargo, los datos oficiales señalan que solo 14% del territorio nacional corresponde a las concesiones. Existe un enorme territorio para hacer minería entonces.

La narrativa de la concesión ociosa pretende señalar que las empresas formales no explotan el mineral adrede. No obstante, por todos es sabido que todas las empresas modernas, las grandes y medianas, conducen concesiones en promedio de alrededor de 10,000 hectáreas. En este espacio en un área focalizada explotan y procesan el mineral, pero en la mayor parte de la concesión ejecutan una incesante y permanente exploración con el objeto de ampliar las reservas probadas del mineral y extender la vida útil de la mina.

Es en estas áreas con reservas probadas de las concesiones donde los mineros ilegales asaltan invaden para instalar campamentos mineros en los que se roba el trabajo y la inversión de otros, a vista y paciencia de las instituciones del Estado de derecho. Una situación que de persistir y de continuar terminará liquidando el Estado de derecho y ahuyentando a toda la minería moderna que necesita el Perú.