El cobre de Cajamarca como motor de desarrollo regional

Cajamarca se asienta sobre uno de los corredores geológicos de cobre más importantes de América Latina. Bajo su territorio se encuentran proyectos de clase mundial como Michiquillay, Conga, Galeno, La Granja y Cañariaco Norte, capaces de transformar no solo la economía regional, sino también la posición del Perú en el mercado global del cobre. Aprovechar esta riqueza exige algo más que extraer mineral: requiere una visión de largo plazo que articule inversión privada, infraestructura moderna y desarrollo de capacidades locales, siguiendo modelos exitosos aplicados en otros países mineros.

Pese a contar con una cartera minera que supera los US$ 16,000 millones en inversiones comprometidas, Cajamarca ha visto cómo la mayoría de estos proyectos permanece paralizada desde hace más de una década. La suspensión de Conga en 2011 marcó un quiebre profundo. Desde entonces, la falta de consensos duraderos, los conflictos sociales y la ausencia de una estrategia integral han impedido que la región traduzca su potencial geológico en bienestar para su población, manteniéndola entre las más pobres del país.

Las cifras permiten dimensionar el costo de esta parálisis. El cinturón cuprífero del norte podría aportar alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas de cobre al año. De haberse desarrollado, el Perú estaría hoy disputando el primer lugar mundial en producción, en lugar de haber sido desplazado del segundo puesto por la República del Congo. Cada tonelada no producida implica menos ingresos fiscales, menos empleo formal y menos recursos para cerrar brechas en educación, salud e infraestructura básica.

Esta situación resulta especialmente grave en una región donde cerca del 45% de la población vive en condición de pobreza. La minería formal, bien regulada y articulada con otros sectores, pudo haber sido un motor decisivo para revertir ese escenario. En cambio, la detención prolongada de grandes proyectos cerró una de las rutas más rápidas hacia el crecimiento sostenido y dejó a Cajamarca al margen del dinamismo que sí experimentaron otras regiones mineras del país.

Dentro de este contexto, Michiquillay destaca como una señal alentadora. Adjudicado a Southern Perú en 2018, el proyecto ya cuenta con estudio de impacto ambiental aprobado y prevé iniciar su construcción hacia 2027, adelantando plazos respecto a lo originalmente previsto. Con una inversión cercana a los US$ 2,000 millones y una vida útil estimada de al menos 25 años, Michiquillay podría producir unas 225,000 toneladas métricas anuales de concentrado de cobre, generando decenas de miles de empleos en su fase de construcción.

Más allá de sus cifras, la importancia de Michiquillay radica en su potencial para convertirse en el eje de un clúster minero en Cajamarca. Un clúster implica coordinación entre empresas, proveedores, Estado, universidades y comunidades para elevar la productividad, reducir costos y fomentar la innovación. En minería, esto se traduce en infraestructura compartida, logística integrada, uso más eficiente de agua y energía, y estándares ambientales comunes que reducen impactos y aumentan la confianza social.

La experiencia de Antofagasta, en Chile, muestra lo que puede lograrse con este enfoque. Allí, la minería impulsó no solo exportaciones, sino también un entramado de servicios especializados, infraestructura moderna y una fuerte inversión en educación técnica y superior. Cajamarca podría seguir un camino similar, aprovechando economías de escala y proyectos estratégicos como un ferrocarril hacia la costa norte, que integraría minería, agricultura y turismo, generando beneficios más allá del sector extractivo.

Un clúster minero también ampliaría las oportunidades para pequeñas y medianas empresas locales en áreas como transporte, mantenimiento industrial, ingeniería, alimentación y salud ocupacional. Al mismo tiempo, permitiría canalizar de forma más ordenada los compromisos sociales, financiando proyectos de agua potable, saneamiento, electrificación y educación. Iniciativas como el Fondo Social Michiquillay son un primer paso para orientar la riqueza minera hacia mejoras tangibles en la calidad de vida.

Finalmente, reactivar la minería formal tiene otra consecuencia clave: reduce el espacio para economías ilegales que prosperan cuando el Estado y la inversión responsable se retiran. La expansión de la minería ilegal, con su carga de degradación ambiental y violencia, es una advertencia clara de los costos de la inacción. Apostar por proyectos como Michiquillay, dentro de una estrategia de clúster y desarrollo sostenible, no es solo una opción económica: es una condición necesaria para que Cajamarca deje atrás la pobreza y aproveche plenamente su riqueza natural.