Drama y pérdida de empleos por la falta de una ley de promoción agraria

Las marchas y contramarchas de las bancadas democráticas en la aprobación de una nueva ley de promoción agraria que establezca un régimen tributario promocional ignoran que las agroexportaciones peruanas avanzan hacia una crisis de envergadura por el arancel general del 10% establecido por los Estados Unidos a las exportaciones. El 35% de nuestras agroexportaciones se destinan al mercado estadounidense y es evidente que ellas han perdido competitividad por el nuevo gravamen. El asunto se complica en extremo cuando las agroexportaciones de México tienen arancel cero porque se mantiene el acuerdo de libre comercio entre esos países.

Mientras la diplomacia política y económica del país busca resolver los efectos adversos del nuevo arancel, es evidente que el Estado y los peruanos de buena voluntad deben buscar recuperar competitividad en este escenario adverso. Vale anotar que el Perú se ha convertido en uno de los principales exportadores de uva de mesa y arándanos a los Estados Unidos y tiene gran importancia en los envíos de paltas, cítricos, mangos, cebolla, café y diversas frutas y legumbres.

¿Qué puede suceder si el Perú no recupera competitividad inmediata frente al nuevo arancel impuesto por los Estados Unidos? Es evidente que comenzarán la quiebra de empresas, otras se venderán de emergencia y habrá pérdidas de miles de empleos formales.

¿Por qué el Perú ha perdido tanta competitividad? Desde la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) se eliminaron el régimen tributario promocional que establecía un impuesto de 15% en renta –que multiplicó las inversiones (US$ 20,000 millones en dos décadas) y fomentaba una permanente reinversión– y también se eliminó el régimen de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, que permitió incrementar el empleo formal de 460,000 –entre directos e indirectos– en el 2004 hasta más de un millón de la actualidad. Hoy el sector tiene un régimen general en renta de 25% –por la progresividad de la medida– y se ha establecido un bono especial del trabajador agrario (BETA) de 30% de la remuneración mínima vital sobre el salario agrario. Desde la aplicación de estas medidas se calcula que el Perú ha perdido inversiones en alrededor de 30,000 hectáreas y se pierden entre 80,000 y 100,000 empleos formales mensuales. Una barbaridad.

Es imposible entonces que las agroexportaciones peruanas puedan superar la nueva muralla que representa el nuevo arancel estadounidense. Si no hay medidas, las quiebras se multiplicarán. La idea de un nuevo régimen promocional para el agro no tiene nada que ver con los proyectos de zonas francas y exoneraciones de aquí para allá que empieza a plantear la izquierda con el objeto de crear una avalancha de exoneraciones y acabar con la urgencia de aprobar un nuevo régimen promocional agrario que formó parte del modelo económico durante dos décadas y que ha demostrado que es la mejor manera de incrementar los recursos fiscales del Estado. El objetivo de la izquierda es simple: detener las inversiones y crecimiento en el agro.

El nuevo proyecto de régimen promocional –considerando que el 95% de las tierras agrarias están conducidas por minifundistas de menos de cinco hectáreas– propone que los pequeños agricultores que vendan hasta S/ 154, 300 (30 UIT) no paguen impuestos, y los que vendan hasta S/ 721,000 (110 UIT) paguen el 1% en renta. Para el régimen general se plantea el 15% en renta, depreciación acelerada y devolución del IGV.

No hay manera de salvar el avance agroexportador sin una nueva ley de promoción agraria que recupere y desarrolle productividad y competitividad para la agricultura del país. El daño causado por la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria pasada es incalculable. Sin embargo, las dudas y retrocesos de las bancadas en aprobar el nuevo régimen promocional comienzan a causar el mismo daño.