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Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú (AGAP), ha señalado que desde el 2019 hasta los siguientes cinco años se dejarán de invertir en aproximadamente 30,000 nuevas hectáreas destinadas a la agroexportación. Amigo lector, ¿sabe usted en cuántas hectáreas se ha producido el milagro agroexportador peruano que sigue causando admiración en el mundo? En aproximadamente 250,000 hectáreas (ha) que suman el 5% de todas las tierras destinadas a la agricultura. La información del presidente AGAP acerca de que no se ha invertido en 30,000 ha es un golpe letal al crecimiento y al proceso de reducción de pobreza en el país y en el agro.
Si a estos hechos le sumamos los recientes anuncios del Ejecutivo y del Estado que apuntan a destrabar el proyecto Majes Siguas II en Arequipa (para habilitar alrededor 40,000) ha y la tercera etapa de Chavimochic en la Libertad para (igualmente para instalar más de 60 mil ha), estamos hablando de la posibilidad de agregar 100,000 hectáreas más a las agroexportaciones nacionales. Es decir, incrementar en más de 40% la frontera agrícola ganada a los desiertos y convertir al Perú en una de las mayores potencias agroexportadoras del planeta.
Sin embargo, en AGAP se informa que no se han implementado inversiones en cerca de 30,000 ha. ¿De qué nos sirve destrabar los mencionados proyectos si no hay nuevas inversiones? Peor aún, algunos intentan vender fundos agroexportadores ante la contracción de los mercados mundiales y la incertidumbre jurídica del país, pero no encuentran compradores.
¿Qué ha sucedido en el país con el milagro agroexportador peruano? ¿Cómo es posible que se detengan inversiones en un sector que, en dos décadas, incrementó las agroexportaciones de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones y captó más de US$ 20,000 millones en inversiones? ¿Por qué se frena un sector que incrementó el empleo formal de 460,000 empleos directos e indirectos en el 2004 a más de un millón entre directos e indirectos de la actualidad? La única explicación: se ha destruido el sistema legal que posibilitaba convocar inversiones y formalizar el empleo.
El milagro agroexportador peruano se hizo bajo el paraguas de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio. Sin embargo la forma de concretar esos principios fue a través de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), que estableció un régimen tributario especial del 15% en renta para atraer inversiones que necesitan años e incluso décadas para madurar o adquirir rentabilidad. Igualmente estableció un régimen de flexibilidad laboral para contratar trabajadores con todos los derechos sociales de acuerdo a la estacionalidad de la agricultura: siembra, mantenimiento y cosecha. La flexibilidad laboral replicó la experiencia de los países desarrollados que alcanzan el pleno empleo y el empleo formal agrario se incrementó en más de 250%. Algunas empresas llegan a contratar a más de 10 mil trabajadores formales por campaña.
Todo eso se ha destruido con la derogatoria de la Ley 27360. La nueva ley del sector, la Ley 31110, ha eliminado el régimen especial tributario, la flexibilidad laboral y fomenta el sindicalismo, la negociación colectiva especial y la contratación preferente. Y lo peor, ha penalizado al sector que antes se promocionaba: ha establecido una bonificación especial para el trabajador agrario (BETA) del 30% sobre la remuneración mínima vital. ¿Qué empresa puede ser viable en la formalidad en medio de la crisis?
Es evidente, pues, que quienes derogaron la Ley de Promoción Agraria (Francisco Sagasti y Mirtha Vásquez) pretendían destruir el milagro agroexportador y lo consiguieron. Ya no se conoce de nuevas inversiones.
Si se pretende relanzar el crecimiento y garantizar la inversión de 100,000 nuevas hectáreas para las agroexportaciones que entraran a los mercados de tierras, solo hay un camino: ¡que el Congreso restablezca la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria, la ley 27360! ¡Nadie entiende qué se espera!
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