Bosques: Riqueza desperdiciada

Nuestra realidad forestal es dramática si la comparamos con la de Chile

El Perú es el cuarto país del mundo que tiene más bosques tropicales y sin embargo somos importadores de madera porque le hemos desperdiciado durante décadas la oportunidad de convertir nuestra Amazonía en el mayor centro de producción forestal de América del Sur con el impulso decidido de la inversión privada.

A pesar de la desforestación, todavía tenemos 73 millones de hectáreas (Ha) de bosques que ocupan más del 60% de nuestro territorio. Y en la costa norte hay tres millones de hectáreas pobladas de algarrobos. No obstante, en el 2013 importamos madera por US$ 212 millones, de los que 101 millones fueron importados de Chile, según cifras de Comex Perú.

Nuestra realidad forestal es dramática si la comparamos con la de Chile. Con solo 2,2 millones de Ha de bosques, en el 2013 ese país exportó US$ 5,700 millones en madera y para este año espera exportar unos US$ 6,000 millones, mientras que el Perú, con 17.8 millones de hectáreas de bosques de producción permanente, exportó el año pasado apenas US$ 192 millones y este año exportará menos.

La gran pregunta que emerge es ¿por qué el Perú teniendo bosques tan grandes y ricos no tiene una industria forestal tan competitiva como la chilena? La respuesta está en la ausencia de grandes inversiones privadas, que son las que mueven esa industria en el vecino del sur, donde se han creado cadenas productivas de la madera que generan gran cantidad de empleo y aportan el 3% del PBI.

El potencial forestal peruano es enorme, pero no tenemos un marco legal atractivo para los inversionistas. Y por añadidura, el estado ha dado señales de debilidad para garantizar la seguridad de las inversiones: El 2006 no hizo nada cuando un grupo de personas destruyó el campamento de una empresa española que iba a invertir US$36 millones en una concesión forestal. Lo peor fue que la agresión fue apoyada por políticos ligados al gobierno de entonces. La concesionaria hispana se marchó del país de inmediato.

La ley forestal del 2001 nunca se cumplió y la nueva ley del 2011 incorpora avances positivos, principalmente la entrega de concesiones hasta 40,000 Ha, por más de 40 años renovables. Además, las concesiones se entregarán solo a empresas que acrediten conocimiento del ramo forestal y que tengan respaldo financiero. La ley anterior limitaba las concesiones a un plazo máximo de 20 años que era poco atractivo.

Lamentablemente la nueva ley sigue esperando que se apruebe su reglamento, sin el cual no puede ser aplicada, Los plazos legales para su aprobación se vencieron hace mucho tiempo pero otra vez la burocracia le pone trabas a la inversión.

Ante la ausencia de inversiones, nuestros bosques son depredados por la tala ilegal que se aprovecha de la corrupción y el caos que hay en el Estado -donde se negocia guías de transporte de madera y no se sabe bien quien controla los bosques-. Se tala incluso en zonas prohibidas, a veces a sangre y fuego, como ocurrió hace poco en Ucayali con el asesinato de dos dirigentes nativos que resistieron a la tala ilegal en sus tierras.

El desorden en el estado es clave: El Inrena fue eliminado y sus atribuciones transferidas a la Dirección General Forestal y de Fauna del Ministerio de Agricultura. Pero hay otras entidades públicas que también tienen que ver con los bosques: Instituto de Investigación de la Amazonía, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el OEFA, el Instituto Geofísico del Perú, el Senamhi, etc., toda una maraña por la que tienen que atravesar los inversionistas.

En conclusión, la actividad forestal puede convertirse en un sector económicamente poderoso y pujante, un motor más de la economía, como lo demuestra el caso de Chile, pero para ello se necesita un marco jurídico estable y seguro que atraiga grandes inversiones y un estado promotor que desmonte las trabas burocráticas en lugar de ponerlas en el camino.