Una solución para las comunidades y las minas

El Gobierno está empeñado ahora en que en Tía María haya diálogo con el pueblo. Pero el diálogo no es un fin en sí mismo, es para que la partes planteen una fórmula de solución. El Gobierno da la impresión de no tener nada que proponer. En esa condición, el diálogo es solo para ganar tiempo. En realidad, para perderlo. ¿Qué podría proponer el gobierno? Fórmulas de solución hay varias, que el mercado y el libre contrato entre las comunidades y las minas se han encargado de crear por sí mismos, sin que el Estado estorbara. Estas van de la peor a la mejor.

La peor es repartir dinero. Es lo que ha ocurrido en Las Bambas. Aunque a primera vista puede parecer igualitaria y democrática, la verdad es que es la peor de todas las fórmulas. La consecuencia ha sido desastrosa y era perfectamente previsible para quien quisiera mirar la realidad como es y no como el facilismo cree que debería ser. Juzgue usted por los resultados: los comuneros no tenían los instrumentos necesarios para poder invertir. Abandonaron la tierra. Y cuando se acabó el dinero volvieron por más. Esa es la triste verdad. ¿Y qué podía ocurrir? ¿Alguien en su sano juicio pondría una fortuna en manos de un hijo si no tiene las herramientas para invertirla rentablemente? Hasta ahora el Estado —no digo solo el Gobierno— no ha sacado las conclusiones correctas de este fracaso, no ha aprendido ninguna lección y está por volver a cometer el mismo error en Las Bambas. No debe hacerlo en Tía María.

Muchos ensayos han fracasado por desconocimiento: la empresa cree de buena fe que, como es el Estado el que debería hacer las obras en favor de la comunidad, ya que para eso paga la empresa puntualmente sus impuestos y los salarios, piden a los trabajadores que vayan a reclamarle al gobierno, como lo harían en un país desarrollado. Este es un acto suicida a corto plazo.

Algunas empresas tienen la prudencia de leer 150 años de antropología en el mundo antes de invertir en América Latina, África o Asia. La versión más moderna de la fórmula tradicional la ensayan hoy varios casos de éxito: hacen la obra comunal, la escuela, la posta, la carretera, las comunicaciones, todo lo que en realidad debería hacer el Estado. La fórmula exitosa más reciente la ensayó el segundo Gobierno de Alan García con el aporte voluntario de la minería. Este era deducible del impuesto a la renta de las mineras y llevó a muchas de ellas a firmar convenios con gobiernos locales para ejecutar directamente obras en las comunidades. De los 2,500 millones recaudados en cinco años por el aporte voluntario, se ejecutó el 100 por ciento, según la Sociedad de Minería que estudió la fórmula. Habría sido crucial que invirtieran en “sembrar agua”, como dicen los comuneros. No llegó a suceder. No hubo tiempo. El gobierno humalista liquidó el ensayo exitoso reemplazando el aporte voluntario por un nuevo “régimen tributario especial” para la minería que permitió al gobierno central volver a echar mano de todos los recursos. Las comunidades se quedaron sin las obras hechas de la mano con las empresas. 

Una muy buena fórmula de solución es la que usó Tintaya en Espinar. La mina entrega al gobierno local o regional un porcentaje pactado de las utilidades: el 3 por ciento para ser exactos. Otra mejor aún es la que una minera ha puesto en marcha en la comunidad de Ollachea en Puno: la ha hecho su socia entregándole el 5% de las acciones de una empresa creada expresamente para explotar el recurso debajo de las tierras comunales.

Salvo las dos peores, cualquiera de las fórmulas sirve, pero solo para ganar tiempo, en mayor o menor medida, mientras se implementa la verdadera formula de solución definitiva. Si esta no llega, tarde o temprano la empresa se topa con la realidad. El libre contrato firmado no está rodeado de garantías que lo hagan estable y duradero. No hay puesta en valor de la tierra con agua, ni participación directa de la comunidad —no intermediada por el gobierno local o regional— en el canon o en la renta que produce la explotación del recurso del subsuelo. No hay entonces estabilidad. La comunidad cambia de directiva y cambia el viento. Se reabre la “negociación” permanente. Todo puede revertirse a fojas cero en cualquier momento.

La solución de fondo es que el mercado debe decidir cuánto vale el suelo que se halla sobre los recursos naturales y no solo el recurso que está debajo. Mientras eso no suceda, no habrá fórmula de solución definitiva. Ya sea para la venta de la tierra o su alquiler o para establecer una servidumbre de paso, el mercado tiene que poder fijar el valor de la superficie, no solo el del recurso debajo. Y ese derecho no está en el mercado. Ni el de las comunidades ni, mucho menos, el de los de los conductores o poseedores de la superficie más precarios aún que los propios comuneros. Transar esos derechos mal establecidos no es posible. Así no puede formarse un precio de mercado para esa tierra que las partes acepten de manera informada y libre. Se puede firmar un contrato que será legal, pero no legítimo y que, por lo tanto, será precario.

El modo de resolver este gigantesco malentendido que mantiene en el Perú US$ 800,000 millones bloqueados bajo el suelo, es que no solo el recurso del subsuelo sino la tierra de la superficie tengan un valor de mercado que permita a cualquier comunero comprobar a diario que el valor de su tierra en el mercado evoluciona en la misma dirección que el de las acciones de la empresa, que si la producción se bloquea las acciones de la empresa y las suyas caen juntas en el mercado, tal como suben juntas si la producción avanza. Es la única verdadera fórmula de solución duradera y estable. Las otras son solo un plan B, ganan el tiempo necesario para implementar esta.

Es lo que viene señalando Hernando de Soto, y el mundo ha comenzado por fin a escucharlo. El gobierno bien podría llevar al diálogo que pide en Tía María esta fórmula de solución. Porque el diálogo sin propuesta será, una vez más, solo tiempo perdido.