Transmisión de confianza: tarea primordial para Petroperú

El presente y futuro de Petroperú (PP) está en la discusión pública, los señalamientos y el retraso en la presentación de los estados financieros auditados del ejercicio 2021, que ocasionaron la descalificación en el riesgo crediticio, han llevado a que se afirme que la empresa está en quiebra, lo cual no es cierto. Sí tiene una situación complicada porque tendrá mayores dificultades para la consecución de créditos de corto y largo plazo, y de conseguirlos será a tasas de interés más elevadas que las actuales. 

No es lo único, está pendiente la evaluación de la capacidad de pago de los créditos ya contraídos y que están identificados como pasivos no corrientes en los estados no auditados del 2021, y que ascienden a US$ 4,475 millones. Esta tarea es una visión a futuro basada en una proyección del margen de utilidad operativo que puede generar la empresa con el Proyecto de Modernización de Refinería Talara (PMRT) en operación. 

No solo corresponderá a la empresa hacer proyecciones realistas, sino también al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estar al corriente de la disponibilidad de fondos ante la probabilidad que tenga que acudir en auxilio de posibles impagos de la petrolera estatal.

Para que se tenga una idea de la magnitud del problema, es importante citar algunas cifras de los pasivos no corrientes, sobre los que existe información pública. Se tiene US$ 3,000 millones en bonos emitidos que, con las distintas tasas de interés pactadas, hacen que se tenga que pagar anualmente intereses por US$ 150 millones hasta el año 2032 y US$ 104 millones desde el 2033 hasta el 2047. 

Adicionalmente, a partir desde la puesta en marcha del PMRT en su totalidad (estimo que en junio 2023) habrá que pagar cada año US$ 160 millones hasta el 2033, por una deuda de US$ 1,300 millones, contraída con diversos bancos y avalada por la Compañía Española de Créditos para la Exportación (CESCE). 

Para no ser tan futurista, analizo los años 2023 y 2024. En este período, PP tendrá que generar anualmente recursos por US$ 310 millones solo para honrar a los bonistas y los créditos avalados por CESCE. Esto no tiene en cuenta los créditos de corto plazo para adquisiciones de crudo, que son del orden de US$ 2,200 millones anuales. 

Es imprescindible que se haga el recálculo de los flujos de ingresos que se proyectaron cuando se empezó a tomar endeudamiento de miles de millones de dólares, que fue en junio del 2017, en el gobierno de PPK. Siempre se justificó que la utilidad operativa sería constante, independientemente del costo del crudo que adquiere la empresa para producir combustibles. La realidad nos dice que no es así, basta revisar las cifras de los últimos 10 años. La presión social sobre los precios hace que el supuesto no sea real. 

A lo señalado hay que agregar que, en el 2017 se tenía un duopolio en el mercado, entre PP y Refinería La Pampilla SA. Ahora hay más actores que han mermado la cuota volumétrica de mercado de ambas empresas. 

Lo que corresponde en estos momentos es tener en PP un directorio de primer nivel, que con empresas especializadas pueda proyectar la capacidad de pago de por lo menos los próximos dos años. Además, la dirección deberá conformar una plana gerencial que permita dar confianza al mercado de que se podrán cumplir las metas, incluyendo la posibilidad que la caja fiscal acuda en auxilio de los posibles impagos. El gobierno tiene que ser consciente de la situación, pues es un gran problema que se presentará en plazos perentorios.