Tamar Arimborgo y la libertad de expresión

 

I

Fue el célebre juez Oliver Wendell Holmes Jr., distinguido exponente del realismo jurídico norteamericano, quien, allá por 1919, acuñó la expresión “libre mercado de las ideas” para referirse al espacio social dentro del cual despliegan plenamente sus efectos las libertades de pensamiento, información, opinión y expresión. Aun cuando, originalmente, se ciñó a la restrictiva doctrina clásica del common law sobre dichas libertades, con ocasión del caso Abrams v. United States, por medio de un solitario voto particular abrió la senda que condujo al trazado de una nueva línea jurisprudencial protectora de unas de las libertades que resultan esenciales dentro de una sociedad democrática.

El razonamiento del juez Holmes fue el siguiente:

“Cuando los hombres logran percibir que el paso del tiempo ha acabado con bien arraigadas creencias, entonces creen, aún más de lo que creen en sus más íntimas convicciones, que el bien último deseado se alcanza mejor por un libre mercado de ideas. Esto es, que triunfen en el mercado las que tengan mejor poder de convencimiento y que la verdad es el único cimiento para que sus deseos pueden ser llevados a cabo en forma segura.

Ese es, al fin y al cabo, el espíritu de nuestra Constitución, que es un experimento como la vida misma es un experimento. Cada año, sino cada día, debemos apostar nuestra salvación en alguna profecía basada en conocimientos imperfectos. Y si bien ese experimento es parte de nuestro sistema debemos estar eternamente vigilantes para evitar cualquier intento de suprimir opiniones que nos disgusten o que creamos perniciosas, salvo que en forma inminente amenacen directamente el estado de derecho y que solo su inmediata supresión salve al país.”

 

II

La cita del juez Holmes es pertinente dadas las reacciones de políticos y medios por la elección de Tamar Arimborgo Guerra (Fuerza Popular) como presidenta de la Comisión de Educación y su reciente asunción del cargo. El congresista Carlos Bruce (ex PPK), por ejemplo, dijo: “Va a tener que hacer un esfuerzo para no imponer sus ideas particulares y tener el talante democrático para aceptar posiciones distintas a las de sus creencias”. Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), por su parte, además de calificar la elección de Arimborgo como un “tremendo error”, declaró: “Es la reafirmación de las posiciones más conservadoras, cuando debe haber una sociedad más tolerante”. Indira Huillca (Nuevo Perú) no fue menos, pues calificó de “preocupante” dicha elección. El vocero del Frente Amplio, Hernando Cevallos, sentencioso dijo: “Esperemos que no haya olor a incienso y se puedan abrir las ventanas para que se refresque la Comisión de Educación; y que haya una gestión abierta, participativa y no oscurantista”. Hasta el general Daniel Mora, con la marcial actitud de quien ve el mundo desde la torre de vigilancia de un cuartel, calificó de desastre la elección de Arimborgo.

Los medios de comunicación, entre ellos Correo y Perú21, fueron entusiastas en recolectar declaraciones críticas, así como en subrayar las creencias religiosas de Tamar Arimborgo. Como no podían ser menos, los defensores del pensamiento políticamente correcto en las redes sociales no pararon de lanzar críticas contra tal designación, a la vez que recordaban sus intervenciones en el Congreso.

No nos engañemos, la crítica en la opinión publicada, que con frecuencia se trata de hacer pasar como la opinión pública, fue escandalosamente mayoritaria y censora. Tamar Arimborgo, debido a sus creencias religiosas, no debería presidir la Comisión de Educación.

 

III

Ahora bien, ¿en serio, Tamar Arimborgo no debe presidir la Comisión de Educación por las creencias religiosas que profesa? ¿Realmente es preocupante, erróneo o desastroso que lo haga? ¿Tenemos todos derecho, como Carlos Bruce, de desconfiar de ella por sus creencias? Aceptar una premisa como esa supondría que, dentro de una sociedad democrática, es posible predicar con acierto que existen quienes tienen derecho de participación política y quienes no lo tienen, en razón de sus ideas. Eso sí sería preocupante, erróneo y desastroso, a más de discriminatorio y antidemocrático.

El problema es que hace mucho tiempo ya que en el Perú se ha establecido la dictadura del pensamiento correcto, que divide al mundo entre los dueños de la verdad y los perdidos en el error. Así, los primeros han obtenido para sí el monopolio moral de la representación política y los segundos quedan, naturalmente, privados de ella. Por cierto, esta situación comporta la más clara, directa y absoluta negación de las bases mismas de la democracia liberal, que parte de que todas las ideas tienen cabida dentro de ella, a condición de que no instiguen a la inmediata destrucción del sistema de libertades, el estado de derecho, la seguridad e integridad de la nación, la comisión de crímenes o la propagación del odio.

Nada fuera de esa lista puede suponer que las ideas de una persona sean base para la privación de sus libertades de pensamiento, opinión y expresión, así como de sus derechos de participación política. Ya es hora de plantarle cara al credo antidemocrático que se ha apoderado del país, con la complicidad de unos medios de comunicación que han suplantado la información por la propaganda. Aquí en el Perú, valgan verdades, no se transmite otra cosa que una especiosa mezcla de hechos y opiniones que desmiente la existencia del equilibrio informativo.

 

IV

Así, la prensa (que, en los países genuinamente democráticos, juega un papel decisivo a favor del libre mercado de las ideas) no pretende aportar a la libre formación de la opinión pública, sino que propende a formarla a su manera y gusto. El ciudadano no recibe insumos para construir sus propios juicios de valor sobre los hechos y acontecimientos de nuestra vida política, se le sirve un menú de conceptos predeterminados, de tal manera que si el Congreso, por ejemplo, no aprueba una acusación constitucional contra quien es blanco del pensamiento correcto, se anuncia en titulares que el Parlamento lo blinda; y si, por el contrario, la aprueba contra alguien que goza del beneplácito de los profetas del pensamiento correcto, entonces se aúlla anunciando una venganza o una persecución.

Una sociedad democrática, en pleno siglo XXI, no debe aspirar a la tolerancia, en cuanto ella significa llevar con paciencia, resistir o soportar las ideas ajenas, sino en el pluralismo, al que cabe dotar de un contenido de celebración de la diferencia. Cierto es que todos los seres humanos somos iguales y, al mismo tiempo, distintos. En cuanto iguales, tenemos iguales derechos y, en cuanto distintos, resulta inadmisible que unos se arroguen para sí mismos y en exclusividad el derecho de acceder a puestos de representación política, porque ello supone, correlativamente, la exclusión de otros.

El periodismo, por otra parte, necesita recuperar su compromiso con la imparcialidad en el tratamiento noticioso, a la que ha abandonado por abrazar fervientemente los términos de una verdad que pretende ser impuesta a tinta y fuego. Cabe, entonces, recordar la serena y sabia advertencia que la Corte Constitucional colombiana pronunciara en su día y que resulta válida no solo para periodistas, sino también para todo actor político al momento de emitir informaciones: 

“Un informe periodístico difundido irresponsablemente, o manipulado con torcidos fines; falso en cuanto a los hechos que lo configuran; calumnioso o difamatorio, o erróneo en la presentación de situaciones y circunstancias; inexacto en el análisis de conceptos especializados, o perniciosamente orientado a beneficios políticos o a ambiciones puramente personales, resulta mucho más dañino cuanta mayor es la cobertura (nivel de circulación o audiencia) del medio que lo difunde, pero en todo caso, con independencia de ese factor, constituye en sí mismo abuso de la libertad, lesión muy grave a la dignidad de la persona humana y ofensa mayúscula a la profesión del periodismo, sin contar con los perjuicios, a veces irreparables que causa, los cuales no pueden pasar desapercibidos desde el punto de vista de sus consecuencias jurídicas”.

 

Epílogo

No comparto las ideas de Tamar Arimborgo, pero tiene el perfecto derecho de abrazarlas, predicarlas, defenderlas y representarlas sin que persona o medio algunos posean el poder de impedirle ello de cualquier forma o manera. Todos debemos defender ese derecho en una democracia que verdaderamente protege un libre mercado de las ideas, porque en ella no tienen cabida ni exclusiones, ni privilegios para nadie, en razón de sus creencias. Con mayor razón aún, si por nuestra humana falibilidad, ninguno de nosotros puede reclamar para sí la titularidad de la verdad y estamos obligados a asegurarnos recíprocamente un ámbito social que nos permita vivir a todos en perfecto pie de plena igualdad y sin menoscabo de nuestra dignidad humana.